Soberanía y derechos humanos

Se dice que la soberanía reside en los pueblos, en sus derechos al dominio territorial y a la libertad para gobernarse. Lo que ha pasado en Venezuela con la remoción por parte de EE UU de Nicolás Maduro y su esposa ha puesto sobre la mesa una de las contradicciones sin respuesta en el mundo. ¿Qué pasa cuando la soberanía de un pueblo es confiscada por tiranos? ¿Qué se hace cuando éstos convierten sus países en cárceles para sus conciudadanos y les impiden la libertad en una constante violación a sus derechos humanos? ¿Qué se hace cuando todas las alternativas democráticas de cambio de régimen dejan de funcionar y el tirano se enquista en el poder ilegítimamente?

¿Quién defiende a quienes tienen la desgracia de estar entrampados en países donde se les hace imposible vivir?

Como nicaragüense he vivido el derrocamiento de un tirano en 1979 a través de la única alternativa que teníamos entonces: la lucha armada. También he visto a una revolución consolidada entregar el poder a pesar de poseer todos los medios para conservarlo, como sucedió en Nicaragua en 1990 cuando el sandinismo cedió el poder a Violeta Chamorro. Irónicamente, he visto también el retorno de un viejo guerrillero sandinista al poder en el 2007 a través de elecciones, y lo he visto convertirse en tirano para no tener que ceder el poder nunca más. Él y su mujer actúan ahora como monarcas del país con un poder absoluto sostenido por la fuerza de las armas y una represión de gran calibre que impide a sus ciudadanos cualquier alternativa para desalojarlos del poder.

Es una situación similar a la de Venezuela, a la de Cuba: la asfixia de la libertad ciudadana, la muerte, cárcel o exilio decretada a quienes no se someten a los dictados del poder.

En nombre del respeto a la soberanía que ellos han birlado a sus pueblos, y con un demagógico discurso antiimperialista —el mayor socio comercial de Nicaragua es EE UU— estos dictadores rechazan los mecanismos cívicos y diplomáticos que les demandan comportarse con justicia y respeto hacia sus gobernados. Expulsan y llaman abusadores o injerencistas a los organismos internacionales llamados a intervenir diplomáticamente en defensa de las víctimas. Ortega y Murillo localmente inventan leyes y constituciones para actuar impunemente. Hacen lujo de los más viles artificios para expeler de su país a quienes se les oponen, o los condenan a prisión con argumentos falsos.

Cuando el secretario de Estado de EE UU argumentó que le dejaban el mando a los más cercanos cómplices de Maduro, porque la oposición no estaba en el país y carecía de mecanismos para organizar un nuevo poder, omitió el hecho de que muchos opositores debieron marcharse para salvar sus vidas y no acabar presos y torturados sin alternativa de justicia. En cuanto a la capacidad de organización, ¿cómo negar que, en medio de las más difíciles circunstancias Edmundo González y María Corina Machado pudieron montar una maquinaria electoral y organizarse para ganar las elecciones de 2024? Se asume que no habrían podido gobernar, y quizás así habría sucedido al enfrentar un estado totalitario.

La discusión y condena de la violación a la soberanía que ha surgido a raíz de la intervención de Trump en Venezuela nos pone frente a un caso que ilustra precisamente la tendencia de las dictaduras a invocar la soberanía como escudo para evitar las reprimendas internacionales o intervenciones agresivas como la captura de Maduro. Durante el genocidio de Ruanda, Hillary Clinton y Samantha Powers plantearon la idea de la “intervención humanitaria”. El problema es que el mundo requeriría de un mecanismo de consenso internacional y una fuerza multinacional que pudiese actuar con ese objetivo y que contase con capacidades supranacionales. Dejar en manos de Trump y de los Estados Unidos estas —llamémoslas— “intervenciones humanitarias”, a la luz de una doctrina Monroe revivida, es abrir la puerta a una dominación norteamericana sin control.

¿Se puede, sin embargo, eximir de la responsabilidad de su destino a los tiranos? Soy víctima y testigo de la intensa y cada vez más violenta agresividad del Gobierno de Nicaragua contra sus ciudadanos. Se vive bajo amenaza y a merced de acciones ilegales como la expropiación, la cárcel, la negación de retornar al propio país, la obligación de reportarse semanalmente a la policía que llega a las viviendas de los “sospechosos” a fotografiarles, que les arranca la pensión de jubilación a los viejos opositores, entre otra serie de atropellos. ¿Qué recurso queda a quienes viven en un estado de indefensión permanente? Dictadores como los de Nicaragua vociferan contra la injerencia extranjera, igual que lo hizo Maduro, mientras niega a su pueblo la alternativa de liberarse por sí mismo de los abusos del poder y de las repetidas violaciones a sus derechos humanos. ¿Cuál es la alternativa? Difícil decirlo. Lo que sí es cierto es que dictaduras como la de Nicaragua, son responsables de que se aplaudan las intervenciones extranjeras.