La amenaza de muerte de un grupo de ultraderecha contra Irene Montero supone un grave delito y, como tal, una agresión a toda la sociedad. Pero la condición de diputada en el Parlamento europeo y exministra del Gobierno de España de la representante de Podemos convierte esa amenaza en un intolerable ataque a la convivencia democrática. Una organización neonazi considerada terrorista por el Departamento de Justicia de EE UU y el FBI envió hace unos días a varias instituciones un correo electrónico en el que amenazaban con matar a Irene Montero en su propia casa. La policía dio crédito al mensaje y este sábado se lo comunicó a la eurodiputada, que solicitó protección al Ministerio de Interior. Montero ya fue víctima del acoso alentado por la ultraderecha política y mediática a las puertas de su casa, donde vive con su pareja, el exvicepresidente Pablo Iglesias, y sus tres hijos pequeños. También sufrió, durante sus cuatro años como ministra de Igualdad, feroces ataques machistas, a veces, en el propio Congreso.
Tratar de intimidar a una representante de la ciudadanía es una agresión a la democracia que merece la condena de todos los partidos
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
Tratar de intimidar a una representante de la ciudadanía es una agresión a la democracia que merece la condena de todos los partidos
La amenaza de muerte de un grupo de ultraderecha contra Irene Montero supone un grave delito y, como tal, una agresión a toda la sociedad. Pero la condición de diputada en el Parlamento europeo y exministra del Gobierno de España de la representante de Podemos convierte esa amenaza en un intolerable ataque a la convivencia democrática. Una organización neonazi considerada terrorista por el Departamento de Justicia de EE UU y el FBI envió hace unos días a varias instituciones un correo electrónico en el que amenazaban con matar a Irene Montero en su propia casa. La policía dio crédito al mensaje y este sábado se lo comunicó a la eurodiputada, que solicitó protección al Ministerio de Interior. Montero ya fue víctima del acoso alentado por la ultraderecha política y mediática a las puertas de su casa, donde vive con su pareja, el exvicepresidente Pablo Iglesias, y sus tres hijos pequeños. También sufrió, durante sus cuatro años como ministra de Igualdad, feroces ataques machistas, a veces, en el propio Congreso.
Entre las obligaciones de un cargo público está, por supuesto, la de aceptar la crítica, pero el insulto, el acoso y la amenaza son totalmente inaceptables. La creciente polarización, los populismos y la proliferación de grupos ultra son un preocupante caldo de cultivo para la violencia política. Primero la verbal; luego, la física. Resulta inquietante que la retórica del matonismo haya escalado hasta convertirse en habitual. Urge un basta ya ante su vergonzante normalización, que pone en peligro tanto la convivencia como el propio sistema. La democracia no se basa solo en el derecho a votar, sino también a ser votado con garantías de integridad y respeto. El insulto y la intimidación no pueden ser el precio por participar en la vida política.
Las amenazas a representantes de la ciudadanía son un grave problema de seguridad y de salud democrática. Y exige firmeza. El Estado tiene que garantizar la protección de Irene Montero y de su entorno familiar y poner todos los instrumentos al servicio de la investigación, persecución y castigo de las amenazas de muerte. Pero la comisión de un delito de esta gravedad no requiere solo de una respuesta policial y judicial. La sociedad en su conjunto debe plantarse ante estos atropellos, que desbordan peligrosamente la rivalidad ideológica. En un Estado de derecho no cabe la intimidación. Lo sabe bien la sociedad española, cuyo empeño democrático venció a la violencia terrorista que la intentaba amordazar. Ante las inaceptables amenazas a Irene Montero, todos los partidos democráticos, sea cual sea su ideología, deben manifestar su condena pública y sin matices. No cabe el silencio de los demócratas ante el ataque contra una representante de la ciudadanía.
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