Menos de la mitad de los centros específicos de crisis para atender a víctimas de violencia sexual están en funcionamiento a ocho días de que sea obligatoria su puesta en marcha, el 31 de diciembre. La Ley de Libertad Sexual, aprobada en 2022, exigía que hubiera al menos uno por provincia antes de acabar este año. Solo 20 de los 52 centros previstos en la ley estaban disponibles hasta la semana pasada, cuando se activaron tres más entre prisas por cumplir un mandato del que dependen fondos europeos. El plazo original ni siquiera era esta Nochevieja, sino la pasada, un límite que fue prorrogado ante los incumplimientos.
Algunas comunidades autónomas han sido incapaces de poner en marcha centros de atención a víctimas que exige la ley y paga la UE
Menos de la mitad de los centros específicos de crisis para atender a víctimas de violencia sexual están en funcionamiento a ocho días de que sea obligatoria su puesta en marcha, el 31 de diciembre. La Ley de Libertad Sexual, aprobada en 2022, exigía que hubiera al menos uno por provincia antes de acabar este año. Solo 20 de los 52 centros previstos en la ley estaban disponibles hasta la semana pasada, cuando se activaron tres más entre prisas por cumplir un mandato del que dependen fondos europeos. El plazo original ni siquiera era esta Nochevieja, sino la pasada, un límite que fue prorrogado ante los incumplimientos.
Los centros de crisis para víctimas de violencia sexual dan un servicio 24 horas que incluye atención médica y psicológica y acompañamiento de los pasos legales a seguir si las mujeres deciden iniciar ese camino. Requieren de unas características de personal y medios muy específicos. Para recibir esa atención no es necesario poner una denuncia, ni que la agresión sea reciente. El objetivo es que la víctima disponga de todos los medios en un solo lugar, que cuente su historia una sola vez y no tenga que ir de ventanilla en ventanilla como sucede ahora.
Las comunidades autónomas recibieron del Gobierno central en total 89 millones de euros de fondos europeos, repartidos proporcionalmente, para poner en marcha estos centros. Si no están ejecutados antes de final de año, hay que devolverlos a Europa. Los retrasos en algunas de ellas no tienen justificación. Andalucía, por ejemplo, recibió 12,3 millones de euros y el pasado miércoles aún no estaba en funcionamiento ninguno de sus ocho centros provinciales. La comunidad ha recurrido a módulos prefabricados para montarlos a toda prisa, entre quejas de que su mantenimiento es muy costoso. El de Jaén está en medio de un descampado. Castilla y León, la comunidad que más dinero ha recibido (12,5 millones) solo abrió uno en noviembre y dos a mediados de este mes.
España puede presumir de una legislación muy avanzada en la protección de la mujer, pero situaciones como esta indican que la aplicación real está lejos de lo deseable. La inacción de muchas comunidades refleja una incapacidad política para darse cuenta de la urgencia que la sociedad tiene de herramientas ágiles para atender unas situaciones que no son excepcionales para las mujeres, sino que las viven a diario. Una de las principales razones por las que las mujeres no denuncian es la vergüenza o el miedo a no ser creídas, y eso, en parte, tiene que ver con la falta de especialización que aún opera en las instituciones y que las obliga a enfrentarse a una maraña burocrática que las revictimiza.
La acción contra la violencia sobre las mujeres no puede caer presa de ideologías ni depender de la voluntad de los gobiernos autonómicos. La pereza administrativa de todos estos meses, con el dinero en la mano para hacerlo, refleja unas prioridades políticas muy alejadas de las necesidades de la sociedad en este ámbito. No construir estos centros a tiempo, no dotarlos de forma correcta, no es simple desidia burocrática, es contribuir a desproteger a las mujeres.
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