Había terminado el Consejo de Ministros. Era viernes 21 de febrero de 1975. El ministro de Información y Turismo, León Herrera, iba a comparecer ante la prensa. Estaba dispuesto a cumplir su función, que no era insultar a la oposición, sino contar lo que el Gobierno había decidido. León ocupaba el cargo desde octubre del año 1974, cuando echaron a Pío Cabanillas no por seleccionar prostitutas en un catálogo, sino bajo la acusación de «pornógrafo» por permitir publicaciones y películas con chicas ligeras de ropa.
]]> León Herrera, ministro de Información y Turismo en 1975, mintió a la prensa sobre el castigo a dos militares de la UMD que querían una transición a la portuguesa
Había terminado el Consejo de Ministros. Era viernes 21 de febrero de 1975. El ministro de Información y Turismo, León Herrera, iba a comparecer ante la prensa. Estaba dispuesto a cumplir su función, que no era insultar a la oposición, sino contar lo que el Gobierno había decidido. León ocupaba el cargo desde octubre del año 1974, cuando echaron a Pío Cabanillas no por seleccionar prostitutas en un catálogo, sino bajo la acusación de «pornógrafo» por permitir publicaciones y películas con chicas ligeras de ropa.
León Herrera tenía 52 años pero aparentaba alrededor de 70. Cuando tomó posesión del cargo la prensa le preguntó por la familia política a la que pertenecía. Su respuesta fue muy militar: «Mi familia es Franco». Lo que no sabía entonces, en febrero, era que unos meses después sería quien diera a través de la radio la noticia de la muerte del Caudillo. Ese viernes tenía delante a los periodistas. Empezó con una noticia de reforma judicial, otra de bajada de impuestos, el cierre de cuatro Facultades de la Universidad de Valladolid, el cambio en la dirección del diario «Arriba» y bla bla bla.
«¿Y los dos militares detenidos en Barcelona?», se oyó en la sala. «¡Sensacionalismo y falta de objetividad! ¡Un bulo de la máquina del fango! Ha sido una vulgar falta cuartelera y nada más», vino a decir León Herrera. Mintió. La prensa extranjera había dado la noticia de que dos oficiales fueron detenidos por rebeldes. Eran el comandante Julio Busquets y el capitán José Julvez, dirigentes de la Unión Militar Democrática (UMD), que se había formado al calor de la Revolución en Portugal en 1974. El Gobierno, temeroso del contagio, había manejado el asunto a su estilo, ocultando la información y purgando. Prohibió reportajes en Televisión Española hasta enero de 1975, y cesó por aperturista al jefe del Alto Estado Mayor, Manuel Díez-Alegría.
Sin embargo, en la detención de Julio Busquets y José Julvez no intervino el Gobierno. Lo hizo el Ejército usando su autonomía. Su servicio de inteligencia conocía las andanzas de la UMD desde antes de su fundación. Incluso supieron que habían entregado un documento al Príncipe Juan Carlos demostrando su apoyo a una salida democrática.
En realidad eran un estorbo para la sucesión. El Alto Estado Mayor de 1975 tenía una idea fija: cumplir la legalidad por mandato de Franco, que ya había señalado al Borbón. Para eso eran imprescindibles la disciplina y la unidad bajo el llamado «Espíritu de la Academia General Militar», que era Patria, Dios y el culto a la Milicia. Cualquier perturbación militar, como un pronunciamiento o un golpe a la portuguesa, a la que seguiría una movilización de la izquierda en las calles y centros de trabajo con violencia, no era más que un estorbo para el delicado plan de la sucesión tranquila. Era mejor esperar a la muerte de Franco, al «hecho biológico», y seguir el protocolo.
La UMD, en cambio, se dedicó a hacer proselitismo en los cuarteles, lo que fue la mejor manera de que se enterase el Ejército. Tampoco sus dirigentes eran gente de camisa azul. Luis Otero, comandante de ingenieros, republicano de izquierdas, estaba encantado con el protagonismo militar en la revolución portuguesa. Julio Busquets era simpatizante del PSOE y Bernardo Vidal del PCE.
A prisión por un manifiesto archivado
En diciembre de 1974 habían preparado el manifiesto «Por la libertad hacia la justicia social». Su deber, decían, era «intervenir» en la política aunque fuera «difícil, peligroso, y quizá incluso suicida», pero como «hombres de honor y militares (estamos) dispuestos a dar la vida por la Patria». Dijeron que venían a «mojar la pólvora» de los militares involucionistas.
Aquello era apostar por la ruptura y la violencia siguiendo el ejemplo portugués. Busquets enseñó alegremente el manifiesto a Antoni Gutiérrez, del PSUC, que se llevó las manos a la cabeza diciendo que era una locura. No lo publicaron, pero la inteligencia militar y el SECED –hoy CNI– lo archivaron, e hicieron un dosier con los encuentros de la UMD con dirigentes del PCE, PSP y democristianos que apostaban por una ruptura y entronizar a Don Juan de Borbón, así como con las citas con gente del PSOE.
Es cierto que los miembros de la UMD se moderaron luego, pero la perturbación ya estaba hecha. Se decidió entonces aplicar un castigo disciplinario a dos de sus dirigentes: Busquets y Julvez. Fueron enviados a la fortaliza del monte Hacho en Ceuta para cumplir seis meses de condena. Allí les esperaba Gutiérrez Mellado, comandante general de la plaza.
Pero ese 21 de febrero fue un día duro para el ministro de Información y Propaganda León Herrera. Terminó la rueda de prensa sudando tinta. Cogió el teléfono. Tenía que hablar con Carlos Arias Navarro. «¿Has dicho lo de ‘Mi deber es desmentir cualquier rumor’, eh, León?», preguntó el presidente. «¡A su servicio!», contestó el ministro al tiempo que golpeaba ruidosamente sus tacones, como había hecho siempre.
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