El presidente de Estados Unidos ha decidido imponer derechos de aduana, o aranceles, a sus principales socios comerciales. Empezó con aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio, y también sobre los automóviles y sus componentes. El miércoles anunció un “arancel recíproco” del 20% sobre las importaciones de la UE, si bien los detalles acerca de cómo se va a concretar todavía se desconocen.
Más que castigar productos norteamericanos concretos, debemos concentrar las medidas en los servicios y en los terceros países a los que empresas de EE UU han llevado su producción
El presidente de Estados Unidos ha decidido imponer derechos de aduana, o aranceles, a sus principales socios comerciales. Empezó con aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio, y también sobre los automóviles y sus componentes. El miércoles anunció un “arancel recíproco” del 20% sobre las importaciones de la UE, si bien los detalles acerca de cómo se va a concretar todavía se desconocen.
Los argumentos que subyacen a todas estas medidas son fundamentalmente dos: por un lado, EE UU quiere reducir su abultadísimo déficit comercial con la UE, y, por otro, pretende incrementar los puestos de trabajo manufactureros en su territorio, a fin de devolver la vitalidad a las zonas industriales que han languidecido durante las últimas décadas.
Estos dos argumentos son ciertos (con un importante matiz) y pueden ser compartidos por Europa: a la UE le conviene una relación comercial más equilibrada y sostenible con EE UU, y también desea incrementar los puestos de trabajo manufactureros en su territorio. El importante matiz consiste en que, si bien EE UU presenta un abultado déficit comercial con la UE (157.000 millones de euros en 2023), mantiene un enorme superávit de servicios (109.000 millones de euros), de modo que uno y otro se compensan en buena medida, con un pequeño superávit neto en favor de la Unión (48.000 millones de euros para un volumen de intercambio total de 1,6 billones). La UE también comparte con EE UU la idea de que debemos reducir nuestra dependencia económica respecto a China, con la que Europa mantiene un gigantesco déficit comercial.
Estas premisas deben ser tomadas en consideración a la hora de articular una respuesta de la UE a los aranceles de la Administración de Trump de modo que, en la medida de lo posible, comparta sus preocupaciones.
A efectos aduaneros (y a efectos de estadísticas de comercio de mercancías), muchos productos cuya mayor parte del valor añadido es estadounidense tienen la consideración de productos originarios de China o de otros países terceros, habitualmente asiáticos. Un ejemplo paradigmático lo constituyen los productos que asociamos con la marca Apple. La mayoría se importan como productos originarios de China, porque es en ese país donde se realiza una parte fundamental de su fabricación. Muchas multinacionales americanas (a las que siguieron multinacionales europeas) decidieron localizar en China gran parte de sus procesos de fabricación para aprovechar los costes laborales más bajos en ese país. Si la UE impusiera aranceles punitivos (digamos del 200%) sobre productos originarios de China “diseñados para funcionar utilizando el sistema operativo iOS”, la gran afectada sería la empresa estadounidense Apple. Se trata de productos con enorme valor añadido; son productos de consumo, de modo que no causarían un perjuicio en cascada a fabricantes europeos; son prescindibles, y tienen bienes sustitutivos de socios comerciales preferentes (Samsung, su principal rival, es coreana, y Corea tiene un acuerdo de libre comercio con la UE). Interesa destacar que son productos que no figuran en las estadísticas de exportaciones de bienes de EE UU a la UE.
Los ejemplos pueden multiplicarse en sectores económicos muy diferentes. Por ejemplo, los juguetes de Hasbro y Mattel, algunos de los cuales se fabricaban hace años en Valencia, hoy se hacen en China. Y los vehículos Tesla que se comercializan en la UE se fabrican en China (Elon Musk no parece tener inconveniente en hacer negocios con el supuesto enemigo).
La UE podría responder a Trump que desea una relación comercial más equilibrada y que, por ese motivo, intentará limitar las contramedidas frente a productos industriales estadounidenses. Pero que desea una relación más equilibrada en el comercio de servicios, por lo que debe adoptar contramedidas contra los servicios estadounidenses. Igualmente, que comparte la preocupación por la reindustrialización europea, por lo que debe adoptar contramedidas contra empresas estadounidenses que han optado por fabricar en China, en lugar de fabricar en la UE, distorsionando con ello los flujos entre nuestros respectivos mercados e incrementando nuestro déficit comercial con China (y nuestro superávit con EE UU).
Esta respuesta lograría varios objetivos. En primer lugar, daría la razón a Trump allí donde la tiene, y se destacarían los puntos de acuerdo, poniendo a la vez de relieve que las decisiones de algunas empresas estadounidenses —y no el proteccionismo europeo— han exacerbado el déficit comercial de su país. En segundo lugar, incentivaría a las empresas estadounidenses a fabricar en la Unión. Y, en tercer lugar, reduciría el déficit comercial con China.
Es cierto que estas medidas tendrían un encaje menos sencillo en el marco de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pues supondrían, al menos formalmente, aplicar una retorsión frente a un tercero (China u otros) que no es quien causa el perjuicio frente al que se intenta reaccionar. No obstante, no estaríamos ante una medida sin precedentes: el Tribunal General de la Unión Europea decidió que cabía imponer derechos compensatorios frente a productos egipcios por las subvenciones concedidas a la empresa fabricante por China mediante su programa de Nueva Ruta de la Seda, oBelt and Road(asunto T-480/20, del 1 de marzo de 2023). Y, por otra parte, parece que no cabe seguir aplicando estándares de la OMC a quien los vulnera sin miramientos. No tendría mucho sentido intentar seguir jugando un partido de fútbol cuando el rival no respeta siquiera las reglas del rugby.
Además, la intensidad de la agresión parece que no deja más alternativa que acudir a la herramienta del reglamento anticoerción europeo (Reglamento 2023/2675) y, en ese marco, se prevé expresamente responder a un ilícito internacional con un incumplimiento de normas internacionales (artículo 8.4). Este reglamento, por otra parte, permite a las autoridades europeas un margen de acción muy amplio, que va mucho más allá del comercio de mercancías, pues abarca desde los servicios a la provisión pública o la protección de la propiedad intelectual, pasando por las restricciones a las inversiones y a los servicios financieros, entre otros (Anexo I). De ahí que se aluda a este reglamento como la “bazuca” defensiva.
A la luz de estas consideraciones, la respuesta europea inicial a las decisiones arancelarias de la Administración de Trump, con medidas tales como la imposición de aranceles adicionales a bebidas estadounidenses o a las motocicletas Harley-Davidson, no parece la más inteligente. No lo es porque ataca mercancías originarias de EE UU, planteando la relación comercial estrictamente en términos de comercio de mercancías, cuando la Unión tiene un superávit comercial con EE UU. Necesitamos medidas que trasladen el foco al comercio de servicios (donde Europa es muy deficitaria con EE UU) y al equilibrio comercial con aquellos terceros países (fundamentalmente China) que las empresas estadounidenses han elegido como bases para su producción.
Y, más allá de este ámbito, ya que estamos reconsiderando nuestras relaciones con nuestro principal socio de forma amplia, parece que la Unión también haría bien en adoptar medidas en relación con la efectiva imposición sobre los beneficios de las grandes empresas tecnológicas, algo que ya propuso el anterior alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell. Tiene sentido en un momento en el que necesitamos incrementar los recursos propios de la UE para financiar un colosal gasto en defensa, algo que Trump nos demanda con razón.
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