En un contexto político y social donde el discurso antiinmigración es combustible para la extrema derecha y comienza a contaminar la política tradicionalmente más moderada, resulta muy positivo que los obispos españoles hayan alzado su voz en defensa de los derechos de los inmigrantes. Su llamamiento al Congreso la pasada semana, con el objetivo de que PSOE y PP tramiten la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que aboga por la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes que viven en nuestro país sin documentación, es un acto de justicia social y valentía política.
El pronunciamiento de los obispos a favor de una regularización masiva de personas indocumentadas es un gesto de valentía política ante la demagogia antiinmigrantes
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
El pronunciamiento de los obispos a favor de una regularización masiva de personas indocumentadas es un gesto de valentía política ante la demagogia antiinmigrantes
En un contexto político y social donde el discurso antiinmigración es combustible para la extrema derecha y comienza a contaminar la política tradicionalmente más moderada, resulta muy positivo que los obispos españoles hayan alzado su voz en defensa de los derechos de los inmigrantes. Su llamamiento al Congreso la pasada semana, con el objetivo de que PSOE y PP tramiten la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que aboga por la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes que viven en nuestro país sin documentación, es un acto de justicia social y valentía política.
La ILP, que apoyan los obispos y numerosos sectores de la sociedad civil, busca otorgar permisos de residencia y trabajo a cerca de 500.000 personas que viven en España en situación irregular. Cáritas, el brazo social más activo de la Iglesia, ha tenido un papel clave en esta iniciativa popular, trabajando en red con más de 900 organizaciones para reunir más de 600.000 firmas. En este caso, la jerarquía española ha actuado perfectamente alineada con el papa Francisco, quien ha hecho de la lucha por el reconocimiento de los migrantes una de las marcas de su pontificado y ha dado instrucciones claras al episcopado mundial sobre la condena pública de legislaciones que perjudiquen o atenten contra los derechos de los mismos.
En sus mensajes, los obispos destacan acertadamente que los inmigrantes trabajan, contribuyen y forman parte activa de la sociedad. O que, en palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, trabajan “por el bien común”, contrarrestando el discurso ultra. Para marcar las distancias con Vox, partido antiinmigración autodeclarado católico, García Magán reiteró el viernes que “la Iglesia no tiene un partido político”.
Este posicionamiento de la jerarquía católica española rompe el cerco ideológico que la extrema derecha trata de imponer en el debate público, donde la figura del inmigrante es presentada como una amenaza antes que como una persona. Que la Iglesia católica no solo se desmarque de este discurso, sino que lo combata desde la raíz, es un gesto político de gran calado muy necesario en este momento de polarización política. También interpela a la derecha moderada de orientación cristiana, que no puede seguir dejándose arrastrar por una agenda que niega derechos humanos básicos en nombre de un nacionalismo excluyente.
Sería deseable que este mismo compromiso inequívoco con la dignidad y los derechos humanos que ha mostrado la Conferencia Episcopal con los inmigrantes se traslade con igual contundencia a otros ámbitos. Y los prelados españoles harían bien en escuchar con la misma atención al papa Francisco cuando les urge a afrontar el escándalo de la pederastia en el seno de la Iglesia con transparencia, justicia y reparación a las víctimas. Porque no se puede defender la dignidad humana a medias.
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