Nueve años después de la publicación de los llamados Papeles de Panamá por el diario alemán Süddeutsche Zeitung en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), un nuevo informe de esta alianza (a la que pertenece EL PAÍS) ha revelado que las subsiguientes pesquisas de las autoridades fiscales de todo el mundo tras ese reportaje (y otros, también del ICIJ, como el de los Papeles de Pandora, de 2017, y el de los Papeles del Paraíso, de 2021) han permitido aflorar más de 1.300 millones de dólares ocultos ilegalmente.
Las investigaciones periodísticas contribuyen a recuperar fondos que son de todos
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
Las investigaciones periodísticas contribuyen a recuperar fondos que son de todos
Nueve años después de la publicación de los llamados Papeles de Panamá por el diario alemán Süddeutsche Zeitung en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), un nuevo informe de esta alianza (a la que pertenece EL PAÍS) ha revelado que las subsiguientes pesquisas de las autoridades fiscales de todo el mundo tras ese reportaje (y otros, también del ICIJ, como el de los Papeles de Pandora, de 2017, y el de los Papeles del Paraíso, de 2021) han permitido aflorar más de 1.300 millones de dólares ocultos ilegalmente.
En el caso español concretamente, la Agencia Tributaria ha rescatado más de 225 millones de euros (175 millones de los Papeles de Panamá y otros 50 de los Papeles del Paraíso) tras investigar, solo en este último caso, a 38 contribuyentes. En Chile, las autoridades esperan obtener 1.500 millones de dólares (un 0,4% del PIB) solo tras conocerse a través de los documentos obtenidos por el ICIJ que la minera suiza Glencore estaba desviando fondos a paraísos fiscales.
Esas cifras reiteran el valor que tiene el periodismo de calidad a la hora de contribuir a consolidar un Estado de derecho creíble ante la opinión pública. Algunas haciendas públicas, como la de Alemania, han reconocido el papel que han tenido estas investigaciones a la hora de rastrear los mecanismos que la corrupción y el crimen organizado tienen para esconder bienes obtenidos ilegalmente.
Sin embargo, el dato también muestra la inmensidad de la tarea a la que se enfrentan los Estados, no solo para perseguir a los defraudadores, sino para implementar una verdadera justicia tributaria en la que los que más ganan más contribuyan. El Observatorio Fiscal de la UE estimaba en 2023 que las empresas y particulares españoles tenían 140.000 millones de euros depositados y sin declarar en paraísos fiscales. Solo el fraude en el IRPF se estima en más de 7.000 millones de euros al año.
Y, lo que es peor, la impunidad contra la evasión supone un incentivo al fraude y refuerza entre la ciudadanía que sí cumple la ley y paga puntualmente sus impuestos una sensación de injusticia que resulta corrosiva para la propia democracia. Instituciones como la ONU, la OCDE y el Tribunal de Cuentas Europeo han pedido a los Estados y a la propia UE que tomen cartas en el asunto. Pero una gota en el océano es una gota al fin y al cabo. Las autoridades fiscales han demostrado que si se las dota de fondos y capacidad de actuación pueden ayudar a corregir el daño causado a las arcas de todos.
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