El Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto ley que permite la distribución entre las comunidades autónomas de los miles de menores migrantes que se hacinan en los centros de Canarias y Ceuta con el objetivo de poner fin a un colapso que dura desde otoño de 2023. El Gobierno se ha puesto como objetivo empezar los traslados en verano. Que una solución a una crisis de este calibre vaya a tardar 18 meses en salir adelante es un desdoro político para un país desarrollado como España.
Que una solución al hacinamiento de niños migrantes vaya a tardar 18 meses en salir adelante es un desdoro para España
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
Que una solución al hacinamiento de niños migrantes vaya a tardar 18 meses en salir adelante es un desdoro para España
El Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto ley que permite la distribución entre las comunidades autónomas de los miles de menores migrantes que se hacinan en los centros de Canarias y Ceuta con el objetivo de poner fin a un colapso que dura desde otoño de 2023. El Gobierno se ha puesto como objetivo empezar los traslados en verano. Que una solución a una crisis de este calibre vaya a tardar 18 meses en salir adelante es un desdoro político para un país desarrollado como España.
La polémica, que no cesó ayer, deja en evidencia lo viciado del debate y vuelve a constatar cómo el marco mental de la extrema derecha —que considera que los menores que llegan solos a Europa y están tutelados por las autoridades no son niños sino puntas de lanza de una invasión extranjera— es el que, en la práctica, dicta al menos una parte de los términos de la discusión.
Por un lado está la resistencia por parte de las comunidades del PP —incluso las que, como Madrid, gobiernan sin necesidad de los votos de Vox— a aceptar a los menores. El hecho de que Murcia se plantee la posibilidad de cerrar un centro de acogida señalado por la ultraderecha solo puede entenderse bajo esa perspectiva. Por otro, la dificultad que ha tenido el Gobierno para pactar con Junts los términos del acuerdo (incluida una votación frustrada) y la incomprensible decisión del Ejecutivo de recurrir el auto del Tribunal Supremo en la que se exigía que el Estado se hiciera cargo de un millar de menores a través de sus propias capacidades de acogida. Pese a que el Gobierno siempre ha insistido en que obedecerá el auto y ha retirado el recurso, las dificultades de la coalición incluso con sus propios socios parlamentarios refuerzan la percepción de que esos jóvenes son un problema que nadie quiere.
España tiene la obligación de controlar sus fronteras y a la vez de permitir vías seguras para la migración dentro de las reglas, por mucho que el clima relativo a la política migratoria haya cambiado en toda Europa. No solo es una exigencia legal, sino que es también la parte que le corresponde en los compromisos con sus socios europeos. Sin embargo, tan importante como la gestión de esos flujos es la forma en la que se administre esta medida. Convertir a los inmigrantes en una masa informe y peligrosa es parte esencial de la estrategia del miedo desatada por los extremistas. Gestionar la migración no consiste solo en un mero reparto de cifras: hay que atender a seres humanos. Más todavía cuando se trata de menores. La prueba suprema de civilización está en cómo defendemos a los más vulnerables: aquellos que dicen preocuparse tanto por la supervivencia de nuestra civilización deberían empezar por ahí.
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