El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En un ambiente cordial y distendido, ambos celebraron el acuerdo que permite a Washington utilizar la megacárcel construida por el populista centroamericano para encarcelar masivamente a pandilleros salvadoreños y deportar allí, sin proceso judicial previo, a cualquier inmigrante que la Casa Blanca considere un criminal peligroso. De esta manera ya han sido expulsados de EE UU y encarcelados al menos 260 inmigrantes, en circunstancias especialmente expeditivas y crueles para convertirlos en un espectáculo de redes sociales.
Los presidentes de EE UU y El Salvador se conjuran para ignorar una resolución judicial que afecta a los derechos humanos
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
Los presidentes de EE UU y El Salvador se conjuran para ignorar una resolución judicial que afecta a los derechos humanos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En un ambiente cordial y distendido, ambos celebraron el acuerdo que permite a Washington utilizar la megacárcel construida por el populista centroamericano para encarcelar masivamente a pandilleros salvadoreños y deportar allí, sin proceso judicial previo, a cualquier inmigrante que la Casa Blanca considere un criminal peligroso. De esta manera ya han sido expulsados de EE UU y encarcelados al menos 260 inmigrantes, en circunstancias especialmente expeditivas y crueles para convertirlos en un espectáculo de redes sociales.
Para cuando se produjo el encuentro, sin embargo, el estupor y la indignación que ha provocado esta política cuyo único propósito es aterrorizar a millones de inmigrantes había dado un salto cualitativo importante. Entre los deportados se encontraba al menos un ciudadano salvadoreño, Kilmar Armando Abrego García, de 29 años, con residencia legal en el país, sin antecedentes penales, y con una orden judicial que lo protegía específicamente contra la deportación por el riesgo que corría en El Salvador. Un juez federal ha ordenado a la Administración de Trump que lleve de vuelta a Abrego a EE UU. El Tribunal Supremo, en una decisión unánime, ha reconocido que la Casa Blanca debe “facilitar” la devolución.
Preguntados por este caso, Trump y Bukele hicieron un ejercicio de cinismo que no se puede interpretar más que como una burla a la justicia y que sienta un tenebroso precedente sobre las intenciones de la Casa Blanca cuando sea cuestionada por los tribunales. Bukele aseguró que él no tiene competencias para liberar y enviar a Abrego de vuelta a EE UU, ni tiene ninguna razón para hacerlo, pues a él le ha sido entregado como “criminal” y “terrorista”. La Casa Blanca, por su parte, interpreta que el auto del Supremo le pide estrictamente “facilitar” el regreso. Es decir, que si Bukele libera a Abrego le pondrán un avión, pero que no está en su mano decirle a otro país lo que tiene que hacer. Trump niega que esté incumpliendo ninguna resolución, e incluso asegura que el Supremo le ha dado la razón.
Todo en esa escena es aterrador y nauseabundo. Dos jefes de Estado reconociendo y defendiendo ante las cámaras, entre risas, una violación flagrante de los derechos humanos y una burla sin precedentes de las resoluciones judiciales. Poco se puede esperar de Bukele, aspirante a dictador. Pero Trump preside la democracia constitucional más antigua del mundo. Por si fuera poco, Trump afirmó que quiere ampliar las deportaciones a los “criminales domésticos”. “Tenemos que ver lo que dicen las leyes”, afirmó el presidente, despreciando la idea misma de ciudadanía.
En medio del torbellino de titulares sobre guerras comerciales o acoso a las universidades y a la prensa, el caso de un desconocido ciudadano salvadoreño deportado de vuelta a su país por Estados Unidos puede parecer anecdótico. No lo es. Se trata del primer precedente que apunta a que la Casa Blanca ha decidido operar al margen de la ley y de lo que diga la justicia. La dureza con los inmigrantes y la arbitrariedad son cosas distintas. Ante la osadía del poder ejecutivo estadounidense y la parálisis de su poder legislativo queda esperar mayor contundencia y claridad de los jueces, especialmente del Supremo, y una movilización de la sociedad civil que le quite de la cabeza cuanto antes a la Casa Blanca la idea de que puede ir tácitamente deslizando al país hacia la autocracia sin oposición.
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