Se acabará sabiendo todo. El apagón total del pasado lunes en España y Portugal va a ser analizado por tantos actores, tan distintos, que cualquier responsabilidad directa, particular o corporativa, se revelará evidente ante la opinión pública, tarde lo que tarde. El Gobierno de España está haciendo una investigación. El Gobierno de Portugal, de signo político contrario, la suya. Los departamentos de energía de ambos países han creado una comisión conjunta. La UE hará su propia investigación, liderada por un país no afectado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un órgano independiente, está investigando de oficio. Red Eléctrica (REE), el gestor de la energía en España y responsable inmediato, tiene que producir su propio informe. La asociación europea de gestores de redes, ENTSO, ha anunciado también una investigación. Las grandes eléctricas son compañías cotizadas, por lo que tendrán que informar a sus accionistas, al igual que las compañías de seguros. Las universidades lo investigarán por puro interés académico. Todo eso además del Parlamento y sin descartar alguna causa judicial, pues hubo daños personales y materiales concretos. Es decir, España va a saber lo que pasó en su sistema eléctrico el lunes, 28 de abril, a las 12.33 con absoluta precisión, milisegundo a milisegundo.
El Gobierno y todo el sector eléctrico tienen la obligación de actuar con más transparencia y celeridad ante la inquietud por el apagón
Se acabará sabiendo todo. El apagón total del pasado lunes en España y Portugal va a ser analizado por tantos actores, tan distintos, que cualquier responsabilidad directa, particular o corporativa, se revelará evidente ante la opinión pública, tarde lo que tarde. El Gobierno de España está haciendo una investigación. El Gobierno de Portugal, de signo político contrario, la suya. Los departamentos de energía de ambos países han creado una comisión conjunta. La UE hará su propia investigación, liderada por un país no afectado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un órgano independiente, está investigando de oficio. Red Eléctrica (REE), el gestor de la energía en España y responsable inmediato, tiene que producir su propio informe. La asociación europea de gestores de redes, ENTSO, ha anunciado también una investigación. Las grandes eléctricas son compañías cotizadas, por lo que tendrán que informar a sus accionistas, al igual que las compañías de seguros. Las universidades lo investigarán por puro interés académico. Todo eso además del Parlamento y sin descartar alguna causa judicial, pues hubo daños personales y materiales concretos. Es decir, España va a saber lo que pasó en su sistema eléctrico el lunes, 28 de abril, a las 12.33 con absoluta precisión, milisegundo a milisegundo.
La secuencia de los hechos ya está prácticamente clara. Ese día, la red operaba con una gran cantidad de energía renovable, pero no más que otros días. La diferencia entre algunas renovables, como la eólica y la solar, y las centrales de gas o nucleares es que no tienen lo que en el argot se llama “inercia”. Si se apagan, lo hacen de golpe, por lo que el sistema necesita prever alternativas. Hubo dos caídas de entrada de energía en la red, separadas por 1,5 segundos. Según REE, el origen fue la producción solar en el suroeste de España, sin que se sepan eventos meteorológicos o accidentes que lo expliquen. La variación en la tensión hizo que los sistemas se desconectaran en cadena por seguridad, como el cuadro eléctrico de una casa. Francia se desconectó. En cinco segundos, la electricidad en toda España era “cero”, algo inaudito que, en teoría, no podía ocurrir.
Pero ocurrió. Y el suceso por sí solo determina una primera responsabilidad ineludible en Red Eléctrica (REE), independientemente de la causa. El mayor accionista de REE es el Estado. Su presidenta, la exministra socialista Beatriz Corredor, tardó 48 horas en comparecer ante la opinión pública. Lo hizo en actitud defensiva, en vez de algo tan sencillo como pedir disculpas y asumir con humildad que lo que parecía imposible había ocurrido y que obliga a analizar las fortalezas y debilidades del sistema.
Mientras no se conozca el origen del fallo, ni el Gobierno, ni REE, ni el resto de operadores del sistema están en condiciones de garantizar a los ciudadanos que el apagón no pueda volver a ocurrir. Aunque, desde el lunes, Red Eléctrica está operando con la seguridad reforzada, con más prudencia a la hora de diseñar el mix de cada día.
Tanto el Gobierno como REE y las grandes empresas energéticas tienen la obligación de la mayor transparencia y celeridad en este asunto, y hasta que haya evidencias —Bruselas se da seis meses para un informe preliminar— la comunicación regular y pedagógica a los ciudadanos no puede estar constreñida por la anticipación de sus posibles consecuencias. Esa responsabilidad se debe ejercer sin dejarse acobardar por el reparto de culpas apresuradas tan español. Ya hay intereses políticos y empresariales cuestionando las renovables, el cierre de las nucleares, los operadores privados, el estatus semipúblico de REE, o la debilidad histórica de la interconexión con Francia. Todas son cuestiones estructurales que ni explican por sí mismas el apagón ni aportan soluciones inmediatas, pero son combustible para la demagogia. En este juego irresponsable e inútil destacan algunos dirigentes del PP, cuya falta de pudor recuerda a la elocuencia de Donald Trump tras el accidente aéreo sobre Washington: “No sabemos qué ha pasado, pero tenemos opiniones contundentes”.
Por primera vez, España tiene una ventaja competitiva industrial y de consumo en las tecnologías que permiten convertir en energía una materia prima abundante en la Península, como el sol y el viento, una realidad alineada con la imprescindible Agenda Verde. Merecen la pena una investigación, una comunicación y un debate serios.
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