Son muchos ya los escándalos y las investigaciones judiciales que apuntan al PSOE y al entorno del Gobierno como para que desde Moncloa se eluda por más tiempo la necesidad de respuestas claras ante esta sucesión de casos que extiende el desánimo entre los ciudadanos, debilita su confianza en las instituciones y puede acabar dando alas a la extrema derecha. La Audiencia Nacional envió ayer a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del partido para requerir información, e imputó, entre otros, a la actual gerente, Ana Fuentes, en el marco de una investigación judicial secreta que apunta a “una trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno”, red presuntamente liderada por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán.
El caso por una supuesta trama para “desestabilizar procedimientos judiciales” obliga más que nunca a dar explicaciones
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
El caso por una supuesta trama para “desestabilizar procedimientos judiciales” obliga más que nunca a dar explicaciones
Son muchos ya los escándalos y las investigaciones judiciales que apuntan al PSOE y al entorno del Gobierno como para que desde Moncloa se eluda por más tiempo la necesidad de respuestas claras ante esta sucesión de casos que extiende el desánimo entre los ciudadanos, debilita su confianza en las instituciones y puede acabar dando alas a la extrema derecha. La Audiencia Nacional envió ayer a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del partido para requerir información, e imputó, entre otros, a la actual gerente, Ana Fuentes, en el marco de una investigación judicial secreta que apunta a “una trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno”, red presuntamente liderada por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán.
La operación llega una semana después de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fuese imputado por tráfico de influencias y blanqueo. Y se suma a otros procesos abiertos que implican, entre otros, a Cerdán y a otro exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Corresponderá a la justicia esclarecer los hechos y la presunción de inocencia debe prevalecer hasta el final, pero la acumulación de casos deja claro que no se trata de episodios aislados o fruto de oscuras conspiraciones: las investigaciones atañen al núcleo del poder que ha gobernado en los últimos ocho años. Es la hora de la responsabilidad, en el sentido más literal del término. La hora de dar respuestas y explicaciones a los militantes y simpatizantes socialistas, así como al conjunto de la ciudadanía.
La investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toca de lleno al corazón de la estructura socialista y apuntan unas prácticas que, de confirmarse, buscaban influir en el normal funcionamiento de las instituciones en un Estado de derecho. El magistrado sostiene que existen indicios de que, desde el partido o su entorno, se realizaron pagos y sufragaron gastos a la exmilitante Leire Díez y otros investigados con el fin de torpedear procedimientos judiciales e investigaciones abiertas contra el PSOE y el Gobierno. Los pagos se hicieron, presuntamente, bajo la “unidad de acción y dirección” de Cerdán, implicado en otra trama de amaños de obra pública. El punto de inflexión ocurrió, según el auto judicial, cuando el presidente Pedro Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía el 24 de abril de 2024 anunciando cinco días de reflexión después de que el cuestionado juez Juan Carlos Peinado imputara a su esposa, Begoña Gómez. En ese momento ya existía, según el juez, un “grupo organizado” para cobrar comisiones para “orientar procedimientos administrativos”. Pero la red, siempre según el auto, se orientó entonces hacia otro objetivo: maniobrar contra jueces, fiscales y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad para destruir causas penales.
Aparecen en el auto de Pedraz hasta 22 reuniones en Ferraz entre Cerdán y Díez; abonos directos y a través de sociedades interpuestas para camuflar los pagos; facturas falsas; presuntos sobornos y extorsiones; y la implicación de múltiples personas vinculadas al partido. El juez señala que el exsecretario de Organización “puso a disposición de la trama criminal la propia estructura del PSOE”.
Ante estas acusaciones graves, no basta con decir que hay que dejar trabajar a la justicia. Sánchez, que además de presidente del Gobierno es el secretario general del PSOE, es quien puede dar explicaciones sobre lo ocurrido, tomar las medidas pertinentes y poner luz y taquígrafos en esas actividades cuyo beneficiario último, a sabiendas o no, eran el propio partido y el Ejecutivo. El momento exige una plena rendición de cuentas, ante la ciudadanía y los militantes. De lo contrario, quienes se acabarán beneficiando serán los populistas y los demagogos. Y sufrirán las instituciones, la imagen internacional de España y, en última instancia, nuestra democracia.
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