
Miguel Primo de Rivera y Urquijo era sobrino de José Antonio, el fundador de la Falange, y nieto del dictador Miguel Primo de Rivera. Nacido en 1934, durante el franquismo fue alcalde de Jerez, procurador en Cortes y consejero nacional del Movimiento. Por origen familiar, socialización política y trayectoria pública, era un franquista integral. Tras la muerte de Franco, el primer Gobierno de la monarquía juancarlista, presidido por Carlos Arias Navarro, con Manuel Fraga como vicepresidente, puso en marcha un conjunto de reformas liberalizadoras del régimen para tratar de contener la presión social a favor de la democracia. En palabras de Arias Navarro, se trataba de construir una democracia “a la española”, que combinara la representación de signo liberal con la representación orgánica del franquismo. Habría un sistema de doble cámara: la Cámara baja se elegiría por sufragio universal (manteniendo la prohibición del Partido Comunista) y la alta, que tendría poder de veto, sería el refugio de los intereses franquistas organizados corporativamente.
Muchísimos procuradores afines al régimen buscaron ir con la mayoría, fuera esta la que fuera, con el fin de minimizar el riesgo de quedarse aislados
Miguel Primo de Rivera y Urquijo era sobrino de José Antonio, el fundador de la Falange, y nieto del dictador Miguel Primo de Rivera. Nacido en 1934, durante el franquismo fue alcalde de Jerez, procurador en Cortes y consejero nacional del Movimiento. Por origen familiar, socialización política y trayectoria pública, era un franquista integral. Tras la muerte de Franco, el primer Gobierno de la monarquía juancarlista, presidido por Carlos Arias Navarro, con Manuel Fraga como vicepresidente, puso en marcha un conjunto de reformas liberalizadoras del régimen para tratar de contener la presión social a favor de la democracia. En palabras de Arias Navarro, se trataba de construir una democracia “a la española”, que combinara la representación de signo liberal con la representación orgánica del franquismo. Habría un sistema de doble cámara: la Cámara baja se elegiría por sufragio universal (manteniendo la prohibición del Partido Comunista) y la alta, que tendría poder de veto, sería el refugio de los intereses franquistas organizados corporativamente.
En la reforma se contemplaba la disolución del Consejo Nacional del Movimiento, la institución que guardaba las esencias del régimen. Como consejero de dicha institución, Primo de Rivera reaccionó airadamente. Estas fueron sus palabras en junio de 1976: “Si me quieren echar, que me echen. No omitiré que lucharé con todas mis fuerzas hasta la última gota de mi sangre, que es lo más preciado que puedo entregar por quien en mí depositó su confianza [Franco]”.
Cinco meses después, Adolfo Suárez pidió a Miguel Primo de Rivera que se integrara en la ponencia que iba a defender la Ley para la Reforma Política (LRP) en el pleno de las Cortes. A él le correspondió el primer discurso de presentación de la ley, el 16 de noviembre de 1976, hace justamente ahora 50 años. Suárez quería explotar la carga simbólica de que alguien profundamente comprometido con el régimen como Primo de Rivera encabezara este nuevo intento de reforma. Con la LRP no solo desaparecía el Consejo Nacional del Movimiento, sino que se iba a unas Cortes elegidas por sufragio universal. Primo de Rivera apoyó la LRP después de haberse revuelto indignado ante las propuestas mucho más moderadas de Arias, cuyo propósito último era mantener en lo esencial el régimen franquista.
La Ley para la Reforma Política fue la octava y última ley fundamental del régimen. Brevísima, constaba de cinco artículos y tres disposiciones transitorias. Su primer artículo establecía la democracia, basada en la “voluntad soberana del pueblo”. Dicha democracia se articularía en un sistema bicameral (Congreso y Senado). Además, se rebajaban los requisitos de la reforma constitucional, lo que facilitó la aprobación dos años después de la Constitución de 1978. La primera disposición transitoria contenía las líneas maestras del sistema electoral: la circunscripción provincial, la fórmula proporcional y mecanismos para rebajar la proporcionalidad y evitar así “fragmentaciones inconvenientes de la Cámara”. En fin, se ponían las bases para poder celebrar unas elecciones democráticas.
A diferencia de lo sucedido con la reforma de Arias y Fraga, que se enfrentó a una oposición importante en el seno del propio franquismo, la LRP obtuvo un éxito incontestable: en unas Cortes con 531 procuradores, 425 votaron a favor, 59 en contra y 13 se abstuvieron (el resto fueron ausentes). Hubo un número considerable que, como Primo de Rivera, pasaron de poner el grito en el cielo ante los cambios tímidos de Arias a votar a favor de la LRP. En la época se describió aquel fenómeno como el “harakiri” de las Cortes franquistas.
¿A qué se debió un giro tan radical de tantos franquistas? Es cierto que hubo presiones del Gobierno sobre los procuradores; también los servicios secretos se emplearon a fondo. Pero eso no explica ni la oposición inicial a los planes liberalizadores de Arias y Fraga ni que luego se produjera un cambio tan masivo. Como he argumentado en algunos trabajos académicos, la clave estuvo en la incertidumbre que atraviesa los momentos de cambio de régimen. Por fuertes que fueran las lealtades a Franco y al espíritu del 18 de julio, el propósito último de los procuradores era no quedarse descolgados en aquella coyuntura histórica. Lo diré de forma muy esquemática: más allá de su ideología personal, si un procurador pensaba que la reforma iba a fracasar, lo peor que podía hacer era votar a favor y quedar como un traidor al régimen; y si ese mismo procurador pensaba que la reforma iba a triunfar, lo peor que podía hacer era votar en contra y quedar como un reaccionario nostálgico. En muchísimos casos, los procuradores buscaron ir con la mayoría, fuera esta la que fuera, con el fin de minimizar el riesgo de quedarse aislados.
La gran habilidad de Suárez y su gobierno consistió en convencer a todo el mundo de que la segunda reforma, la de la LRP, iba a salir bien. Suárez obtuvo el apoyo del Rey y del Ejército y se encargó de crear la impresión de que el cambio era irreversible. Una vez que caló esa impresión, los únicos procuradores que se opusieron fueron los de mayor edad y los franquistas más recalcitrantes (como Blas Piñar o José Antonio Girón de Velasco).
La aprobación de la LRP fue crucial para que la democratización del régimen pudiera llevarse a cabo de acuerdo con la legalidad franquista a la que Juan Carlos de Borbón había jurado lealtad en dos ocasiones (en 1969 y 1975). El Rey estaba atado de manos por la forma en que había sido designado por Franco y eso condicionó enteramente la manera tan peculiar en la que se desarrolló nuestra Transición.
La LRP no fue fruto de un acuerdo entre el régimen franquista y la oposición democrática. Los consensos que han dado fama a la Transición llegaron más tarde, tras las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 (Ley de amnistía, Pactos de la Moncloa, Constitución). En la primera y decisiva fase de la Transición, la oposición fue excluida. Por eso los partidos democráticos, desde la clandestinidad, convocaron una huelga general el 12 de noviembre de 1976, una semana antes del inicio del debate en el pleno de las Cortes de la LRP. Y también por eso mismo los organismos de la oposición recomendaron la abstención en el referéndum de la LRP el 15 de diciembre de aquel año. La concordia no había llegado aún.
En mi opinión, hay una visión algo distorsionada de la Transición porque los partidos y sus representantes se han centrado en los consensos posteriores a las elecciones. Y esos consensos no cuadran con la primera fase, en la que el cambio democrático se supeditó a la necesidad de mantener la legitimidad del orden legal del franquismo, de manera que la democracia llegara como un desarrollo interno de aquel régimen represivo.
Creo que la memoria de la LRP resulta incómoda, de ahí que apenas se le haya prestado atención en estas semanas. Nos recuerda que los elementos centrales de nuestro sistema democrático (monarquía parlamentaria, Cortes bicamerales, sistema proporcional corregido) se decidieron antes de que hubiera una legitimidad política nacida de la soberanía popular. La Constitución de 1978 no alteró apenas el sistema de la LRP, salvo la reforma constitucional, que se volvió casi imposible en la práctica.
Opinión en EL PAÍS
