Ya van 32 grandes incendios forestales este año. 200.000 hectáreas quemadas, multiplicando por cuatro el promedio de la última década a estas alturas del año. El año 2025 cerró cerca de las 400.000 y dejó el mayor incendio individual jamás registrado en el país hasta esa fecha. Un récord que ha durado 11 meses: lo batió el fin de semana pasado el fuego de Burgohondo, en Ávila. Catorce personas murieron en Los Gallardos: esto no pasaba desde 1984. Más de 100.000 personas evacuadas o confinadas en algún momento de julio. Y por primera vez se ha declarado la emergencia de interés nacional por un incendio forestal.
La polarización pone a trabajar las neuronas en los aspectos que sirven para derrotar la postura contraria, en lugar de entender el conjunto de factores y sus soluciones
Ya van 32 grandes incendios forestales este año. 200.000 hectáreas quemadas, multiplicando por cuatro el promedio de la última década a estas alturas del año. El año 2025 cerró cerca de las 400.000 y dejó el mayor incendio individual jamás registrado en el país hasta esa fecha. Un récord que ha durado 11 meses: lo batió el fin de semana pasado el fuego de Burgohondo, en Ávila. Catorce personas murieron en Los Gallardos: esto no pasaba desde 1984. Más de 100.000 personas evacuadas o confinadas en algún momento de julio. Y por primera vez se ha declarado la emergencia de interés nacional por un incendio forestal.
¿Y cómo ha respondido nuestro debate político a un enemigo común como el fuego? Con una decepcionante, pero ya no sorprendente, división. La izquierda insiste en señalar al cambio climático como causa última, pero lo hace cada vez más como arma arrojadiza hacia la derecha y su “negacionismo”: presentan cada hectárea ardida como la prueba de que tenían razón. A ello se le contrapone la idea de que el motor real no es el clima, sino que España ha abandonado a su medio rural. Y quien lo contrapone lo hace con la misma intención: descalificar al contrario, en este caso el “urbanita”.
Cada uno escoge una sola de esas piezas, la afila al máximo y la presenta como arma de ataque argumental. Desde ahí la discusión parece ganar profundidad; pero es un trampantojo. El PP dice no negar el cambio climático, aunque relativiza su efecto y acusa al Gobierno de hacer “marketing” con él; prefiere, sobre todo, cuestionar las medidas del adversario: pide reformar la Ley de Montes estatal para eliminar las trabas burocráticas que, sostiene, dificultan la limpieza y la gestión del monte. Desde el PSOE, la respuesta apunta al nivel de gobierno copado por gestores de derecha: mantener los montes, ha dicho el ministro Óscar Puente, “es una competencia autonómica” que no estarían ejerciendo. El tapiz resultante contrasta fuertemente con lo que dijo nuestro jefe del Estado desde el centro de acogida de Villamanta, rodeado de vecinos evacuados: que “unidos se puede afrontar cualquier riesgo”.
Es así como la polarización deja de ser útil reflejo de diferencias sustanciales, y pasa a cegarnos porque pone a trabajar nuestras neuronas exclusivamente en aquellos aspectos que sirven para derrotar la postura contraria, en lugar de entender el conjunto de factores y las soluciones que servirían. Esto resulta especialmente dramático en problemas de alta complejidad, como las catástrofes con un fuerte elemento climático: en ellas concurren muchas causas, que además operan a distintos niveles, pero también un alto grado de incertidumbre sobre la posibilidad misma de un riesgo cero.
La realidad concreta para España es que no se deben desconectar ambos factores. En un trabajo de 2012, Juli Pausas y Santiago Fernández-Muñoz reconstruyen 130 años de incendios en mi Valencia natal y detectan que a partir de los años setenta la frecuencia se duplica y la superficie quemada crece en un orden de magnitud. Es el momento del abandono agroganadero, que cambió el paisaje: de un conjunto de cultivos, pastos consumidos periódicamente y monte aprovechado, a una masa boscosa más continua, alimentada por reforestación. Combustible que, ahora sí, interactuaba con condiciones climáticas extremas. Y sobre ese paisaje se monta una Ley 43/2003 de Montes que ni prohíbe limpiar como rezan algunos memes, ni atribuye responsabilidades exclusivas a las comunidades autónomas. Lo que hace (junto a todo el aparato legislativo y regulatorio que le acompaña, pues ninguna ley opera en el vacío y menos en un Estado descentralizado) es obligarlas a mantener planes de prevención y vigilancia, y a construir y mantener la infraestructura que los sostiene.
La limpieza de la parcela recae sobre la propiedad, y casi tres cuartas partes de la superficie forestal española censada es privada, en muchos casos minifundista: parcelas cada vez más forestadas, cuyos dueños no tienen incentivo para gestionarlas. Las entidades locales, en muchos casos pequeños ayuntamientos, son el siguiente gran propietario. Y supervisar que esa obligación se cumpla vuelve a corresponder a la comunidad autónoma, que además decide qué municipios, por su riesgo, deben tener plan propio. Huelga decir que las capacidades de poner todo eso en marcha varían mucho entre fronteras administrativas.
La realidad concreta en España también indica que observamos anomalías térmicas sin precedentes. Juan Jesús González Alemán, meteorólogo de la AEMET, ha comparado con las últimas ocho décadas la temperatura del aire a unos 1.500 metros sobre la Península (una manera de calibrar qué masas de aire, empuje del fuego, se mueven sobre nuestras cabezas): buena parte de este verano se ha movido por encima del percentil 90, y hay jornadas que superan cualquier registro previo. En un estudio reciente, Martín Senande-Rivera, Damián Insua-Costa y Gonzalo Miguez-Macho mostraban cómo en las dos primeras décadas del milenio más de la mitad de los grandes incendios de la Península avanzaron más deprisa de lo que lo habrían hecho antes de la era preindustrial, con una aceleración atribuible a la mayor sequedad del combustible de entre el 2% y el 8%.
En suma, el clima sería el multiplicador y el paisaje, el sustrato, como ha expuesto estos días el ecólogo de la UAM Francisco M. Azcárate. El resultado es que aunque tengamos menos incendios, son el doble de graves, como muestran los datos que Daniele Grasso ha recogido en este mismo periódico.
Descansamos sobre una situación notablemente compleja, que tal vez exige una acción más drástica y coordinada sobre cómo debe ser nuestro entorno. También más realista y compleja. Por ejemplo, una veintena larga de investigadores de las regiones de clima mediterráneo del planeta firmaron en 2020 un artículo en Environmental Research Letters que recomendaba emprender ese camino.
Primero, considerando una reconfiguración del paisaje que implique una necesidad menor de mantenimiento. Azcárate ha usado aquí el concepto de mosaico: combinar masa arbórea con sus ausencias en distintos formatos, porque si el combustible no está conectado, la velocidad y la expansión del fuego serán menores; y la capacidad de manejarlo una vez empiezan, mayor.
Segundo, introduciendo el peligro y el riesgo de incendio dentro del planeamiento territorial de manera más decidida. Aquí, más allá del texto en cuestión, lo que sugiere la tradición urbanística española sería planificar más en densidad y menos en dispersión, proteger perímetros y dejar de construir dentro del bosque (o que el bosque crezca pegado a lo construido). Y lo que sugiere la perspectiva económica: incentivos financieros al desarrollo seguro, primas de seguro ajustadas al riesgo y préstamos blandos para reforzar viviendas existentes.
Detrás de esto hay una asunción que los autores del artículo hacen explícita: tratar los incendios extremos de climas mediterráneos como fenómenos episódicos inevitables en el contexto paisajístico y climático actual, más que como un riesgo que podemos eliminar. Asumir que van a ocurrir y, como sugieren, centrarnos en reducir su impacto económico y social nos libera para orientar inversiones y esfuerzos a mitigar su impacto.
Es una manera poco épica de enfrentarse al cambio climático. También a la huida del rural. Que el clima multiplica el daño es cierto, como que no hay política española que enfríe la Península en una legislatura. Que el abandono agro definió un paisaje ignífugo es verdad, pero también que ningún país avanzado ha desandado el camino de dejar atrás la agricultura extensiva. Cuando las voces polarizantes elevan la apuesta sobre la importancia de cada factor, generan una expectativa de respuesta maximalista que no existe. Lo que sí existe es lo otro: invertir en capacidades, coordinarlas y ejecutar. Mientras no cambiemos de instrumento, vamos a seguir creyendo que la política consiste en tener razón sobre las causas más que en decidir qué hacemos con ellas.
Opinión en EL PAÍS
