En junio del año pasado, conocí en estas páginas, la decisión de un juzgado de Elda de citarme como investigado en relación con la muerte de un manifestante por disparos de un policía en febrero de 1976, con ocasión de las huelgas que tuvieron lugar tras la muerte de Franco. Entonces yo era ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno de la Monarquía. La noticia informaba de que declararía también el policía y destacaba que, por primera vez, se hacía comparecer a un responsable político por delitos de lesa humanidad en la Transición. Recurrí la admisión de la querella y, al rechazar el juzgado mi petición, apelé ante la Audiencia de Alicante, que el pasado 5 de mayo revocó la decisión de investigarme.
Las leyes de memoria pueden, y deben, atender a la reparación de todas las víctimas y completar la acción de los gobiernos. Lo que no deben es imponer una memoria única.
En junio del año pasado, conocí en estas páginas, la decisión de un juzgado de Elda de citarme como investigado en relación con la muerte de un manifestante por disparos de un policía en febrero de 1976, con ocasión de las huelgas que tuvieron lugar tras la muerte de Franco. Entonces yo era ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno de la Monarquía. La noticia informaba de que declararía también el policía y destacaba que, por primera vez, se hacía comparecer a un responsable político por delitos de lesa humanidad en la Transición. Recurrí la admisión de la querella y, al rechazar el juzgado mi petición, apelé ante la Audiencia de Alicante, que el pasado 5 de mayo revocó la decisión de investigarme.
La Transición gozó de muy buena salud durante muchos años, pues existía un consenso, y creo que perdura, acerca de que la Constitución fue un reto al que los españoles dimos una respuesta difícilmente superable. En aquel clima favorable, Santiago Carrillo y yo fuimos invitados a un coloquio en Palencia. Santiago recordó que el Partido Comunista fue el primero en pedir la reconciliación en 1956 y que, recién estrenada su libertad personal a comienzos de 1977, reclamó la libertad de actuación de su partido. Reafirmó que, aunque a algunos de su lado les extrañara, importaba menos que la España que venía fuera republicana o monárquica; lo esencial era que fuese democrática.
Por mi parte, conté que el primer Gobierno de Adolfo Suárez (julio de 1976-julio de 1977), con Alfonso Osorio de vicepresidente, había dejado a España sin presos políticos y al mundo sin exiliados españoles. Y, aunque también a algunos de mi lado les extrañara, firmé como ministro de la Gobernación la legalización del PCE en el recordado Sábado Santo Rojo, pues la España democrática necesitaba al comunismo en libertad. En el coloquio coincidimos en la emoción ante El abrazo, de Genovés, símbolo de la reconciliación; valoramos el “nunca más” del Gobierno, entonces socialista, al cumplirse medio siglo de la más incivil de nuestras guerras y elogiamos el mensaje de excombatientes de los dos bandos en un monolito a orillas del Ebro: a los que perdieron la guerra, “que fueron todos”. De vuelta a Madrid, recordando lo vivido, Carrillo me dijo: “Es que tú, Rodolfo, tienes la moral del excombatiente de la Transición”.
Con esa moral se comprenderá que decidiera comparecer voluntariamente ante el Juzgado de lo Criminal número 1 de Buenos Aires al conocer por la prensa, en noviembre de 2014, la orden de detención que había dictado contra mí. Personado en la causa, me enteré de que se había presentado en 2010 una querella, luego conocida como la “querella argentina”, en la que se afirmaba que en la Transición hubo “un plan sistemático, generalizado y deliberado para eliminar a adversarios políticos partidarios del régimen democrático“.
En ese plan la querella inscribía las cinco muertes causadas por policías en Vitoria el 3 de marzo de 1976, de las que se nos responsabilizaba a Adolfo Suárez, a Alfonso Osorio y a mí por delitos de genocidio y lesa humanidad. Los tres éramos entonces ministros sin competencias sobre los cuerpos policiales.
Comparecí para defender que la Transición fue todo lo contrario a un plan para eliminar a partidarios del régimen democrático y porque era escandaloso —y así lo entendió el Tribunal de Casación argentino— que se incriminase a Adolfo Suárez y a los Gobiernos por él presididos. No era posible, ni quería, mirar para otro lado.
Desde 2014 a 2020, permanecí imputado sin que se me tomase declaración, que solicité en más de 10 ocasiones. En 2017, el Tribunal de Apelación revocó la orden de detención y en 2020 anuló la decisión de la titular del juzgado de posponer por cuarta vez mi declaración y le instó a escucharme. Finalmente, en septiembre de 2020 pude declarar desde el Consulado en Madrid.
Aporté testimonios, algunos de “adversarios políticos partidarios del régimen democrático” a los que se me acusaba de eliminar. Testificaron, entre otros, los cuatro expresidentes del Gobierno y los dos ponentes constitucionales vivos, dos ex secretarios generales de CC OO y dos de UGT. También los primeros ministros del Interior de Portugal y Chile tras las dictaduras de Salazar y Pinochet, que habían afrontado dificultades similares para adecuar a un sistema de libertades a los cuerpos policiales. Hoy, en España, la Policía y la Guardia Civil gozan de la más alta valoración.
La jueza argentina me procesó en octubre de 2021 y en diciembre el Tribunal de Apelación revocó el auto de procesamiento, que además de la pena de prisión me imponía una sanción equivalente a 10 millones de euros, que la querella apoyó relacionándome con “150.000 muertes en la Guerra Civil”, iniciada cuando yo no había cumplido dos años. En 2022, el recurso contra la revocación del procesamiento no fue admitido a trámite por la Cámara Federal de Casación Penal.
Tanto la “querella argentina” como las presentadas en España tienen el mismo planteamiento: en la Transición existió el ya mencionado “plan sistemático y deliberado” y, en consecuencia, las muertes causadas por los cuerpos policiales son delitos de lesa humanidad. Y como un plan de esas características lleva consigo que el Gobierno lo dirija, el genocidio ha de incluir a todos los miembros del Consejo de Ministros, tanto si no tuvieron competencias en materia de seguridad (noviembre de 1975 a julio de 1976), como si las tuvieron, en mi caso como ministro de la Gobernación, luego Interior (julio de 1976 a abril de 1979).
Por lo que se refiere a las querellas presentadas en España, jueces y tribunales, incluido el Constitucional, no las han admitido y han determinado que los hechos denunciados son competencia únicamente de la justicia española.
Querellas promovidas en España pueden buscar ahora, como la de Elda, un marco de apoyo en la Ley de Memoria Democrática, en cuyo articulado la Transición no ha existido como hecho político diferenciado de la Guerra Civil y del franquismo. Y pretende, además, una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 —pilar de la reconciliación— para que no se aplique a actuaciones policiales, aunque la interpretación de las leyes corresponde solo a jueces y tribunales. Y es que las leyes de memoria pueden, y deben, atender a la reparación de todas las víctimas y completar lo que gobiernos de uno y otro signo han, hemos, impulsado. Lo que no deben hacer es imponer una memoria única.
La memoria, también la mía, es personal y condiciona nuestro relato. En mi caso, una memoria nace en la vida universitaria, va a hacer 70 años, como consejero de la Mutualidad del Seguro Escolar y termina como gobernador civil de Barcelona en los últimos meses de Franco, cuando aquí ya casi todo era moderno menos el franquismo. La otra es la de un niño que en la dura y cruel España de la inmediata posguerra conoce la preocupación familiar en la espera y la esperanza de un indulto, felizmente concedido, a un condenado a muerte en un consejo de guerra, un tío mío, maquinista ferroviario de la entonces Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, luego Renfe.
Hoy mi memoria es, además, la del único ministro vivo de los que integraron todos los gobiernos desde la muerte de Franco hasta la Constitución. Y ya en mi condición nonagenaria viene a mi recuerdo la idea de Marañón de que todas las guerras civiles son guerras de 100 años. Desearía que esa fatalidad no nos alcance.
Opinión en EL PAÍS
