Algunos fracasos institucionales no se desarrollan a través del escándalo, sino del procedimiento: actos de sabotaje disfrazados de rendición de cuentas e investigación de buena fe. Cuando por fin alguien comprende lo que está ocurriendo, el daño ya está hecho.
La ofensiva contra Karim Khan es parte de una estrategia para desmantelar la institución
Algunos fracasos institucionales no se desarrollan a través del escándalo, sino del procedimiento: actos de sabotaje disfrazados de rendición de cuentas e investigación de buena fe. Cuando por fin alguien comprende lo que está ocurriendo, el daño ya está hecho.
Me temo que es lo que estamos viendo en los ataques contra Karim Khan, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya. Los últimos acontecimientos parecen dirigidos a cumplir los objetivos para los que Estados Unidos e Israel llevan trabajando desde hace meses.
La historia comienza en abril de 2024, cuando un grupo de senadores estadounidenses envió a Khan la advertencia (en realidad, una amenaza) de que él mismo iba a ponerse en la mira si se atrevía a solicitar una orden de arresto por crímenes de guerra contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Sin dejarse amedrentar, Khan hizo justamente eso: pidió órdenes de arresto contra Netanyahu, contra el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y contra un comandante de Hamás, así como ya antes había pedido la detención del presidente ruso, Vladímir Putin; del expresidente filipino, Rodrigo Duterte, y de los líderes talibanes.
Pero ahora los enemigos de Khan han conseguido abrir el debate sobre su posible destitución, usando como punta de lanza acusaciones de conducta sexual inapropiada. Es un ejemplo clásico de una institución que no somete un asunto interno a los mismos principios (en concreto, el respeto al Estado de derecho) que supuestamente defiende a escala mundial. Aunque un panel judicial interno (el mecanismo creado por el propio tribunal para evaluar asuntos de esta naturaleza) examinó las acusaciones y concluyó que no cumplían los criterios mínimos para probar que se había producido una conducta inadecuada, los que buscan la destitución de Khan no se han rendido.
Ahora los Estados miembros del TPI se disponen a mezclar dos cuestiones distintas (la de si hubo una conducta indebida grave y la de si corresponde destituir al fiscal) en una única votación. No es una mera formalidad. Meter la segunda cuestión dentro de la primera (que, insisto, no está probada) permitiría destituir a Khan sobre la base de una acusación sin fundamento o de alguna cuestión completamente distinta (por ejemplo, que hubiera mantenido una relación íntima consentida desde una posición de autoridad, algo de lo que nadie lo acusó).
Dado que el caso de Khan forma parte evidente de una ofensiva más amplia contra el tribunal, conviene llamar la atención sobre la identidad de los enemigos del TPI y lo que pretenden. El 13 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un artículo de opinión en The Wall Street Journal con un título inequívoco: Por qué estamos desmantelando el Tribunal Penal Internacional. No se trataba de mera retórica. Estados Unidos ya había dictado sanciones contra 11 altos cargos del TPI, entre ellos Khan, dos fiscales adjuntos y ocho jueces; todos ellos tienen (entre otras medidas) las cuentas bancarias congeladas, canceladas las tarjetas de crédito y bloqueadas las cuentas en Apple, Amazon y PayPal.
Además, Rubio no se ha limitado a anunciar que su gobierno tiene intención de desmantelar el TPI “ladrillo a ladrillo”. También ha disfrazado la iniciativa como una cruzada por la civilización. Presentó al tribunal como un instrumento de activistas progresistas, élites globalistas y gobiernos hostiles a Estados Unidos, y anunció una campaña diplomática para movilizar a todos los aliados que respaldan el credo MAGA de la soberanía nacional contra el globalismo.
Además, según Financial Times, cuando en mayo el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, le propuso que China y Rusia (que no se adhieren al Estatuto de Roma por el que se creó el TPI) se le unan para oponerse al tribunal. El hecho de que los socios elegidos por Estados Unidos en esta cruzada sean precisamente los dos países con más motivos para tener miedo del TPI dice más sobre el verdadero propósito de la operación contra Khan que cualquier comunicado sobre soberanía.
No hace falta creer en conspiraciones para ver la confluencia de intereses entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel. La Administración de Trump y la de Netanyahu quieren lo mismo: garantizar que ningún tribunal internacional pueda tocar a soldados, agentes de frontera o aliados selectos, cualquiera sea la gravedad de las acusaciones contra ellos por crímenes de guerra y contra la humanidad. Para ambos, el escándalo Khan es la ocasión perfecta para neutralizar al TPI. No necesitan destruirlo desde fuera si los propios Estados miembros pueden vaciarla desde dentro al ignorar una resolución judicial y celebrar una votación política contra el hombre que firmó las órdenes de arresto que más les incomodaban.
De modo que los países que todavía se adhieren al Estatuto de Roma enfrentan una elección que trascenderá este caso. Pueden exigir un proceso digno de la institución que crearon, que otorgue al fiscal del tribunal las mismas garantías procesales que el propio Tribunal Penal Internacional exige a todos los Estados. O pueden sentar un precedente de primacía de la política sobre las sentencias judiciales.
La elección correcta resulta obvia. El TPI debe seguir siendo un tribunal independiente y no ceder de ningún modo ante quienes quieren desmantelarlo “ladrillo a ladrillo”. Khan ha demostrado valor y fortaleza para pedir órdenes de arresto contra sospechosos que en los primeros años de existencia del tribunal se habrían considerado intocables. En un momento en que la justicia penal internacional y el Estado de derecho se enfrentan a un ataque frontal a gran escala (en particular, de parte de acusados de crímenes de guerra) Khan merece el reconocimiento y el apoyo del mundo entero.
Opinión en EL PAÍS
