Cada verano asistimos al mismo drama y con la misma sensación de inevitable resignación. Cientos de miles de hectáreas arrasadas, explotaciones agrícolas y ganaderas destruidas, familias desalojadas, viviendas quemadas, víctimas inocentes y un patrimonio natural que tarda décadas en recuperarse. Sin embargo, el Gobierno continúa afrontando los incendios forestales con la inoperante estrategia centrada en apagar el fuego cuando ya es demasiado tarde, en lugar de evitar que se produzca. Las más de 160.000 hectáreas calcinadas en lo que va de 2026 deberían haber provocado una reacción política inmediata, pero se sigue sin impulsar un auténtico plan nacional de prevención capaz de anticiparse a una amenaza que nos puede alcanzar a cada uno de nosotros en cualquier momento. El cambio climático intensifica los episodios de calor extremo y convierte los montes en un polvorín y, por eso, es vital reforzar la planificación y no limitarse a gestionar las emergencias cuando las llamas ya avanzan sin control. España necesita un acuerdo de todos que trascienda los ciclos electorales, implique a todas las administraciones y se apoye en criterios técnicos y científicos, alejados de demagogos ecologistas, burócratas ignorantes y politiqueos, y que se pregunte y se escuche a los que saben, a los hombres y mujeres del campo. La prevención no puede depender de decisiones improvisadas cada verano. Las soluciones existen y son conocidas. Es necesario destinar una mayor parte de los recursos públicos a la limpieza de montes y parcelas abandonadas, la creación y mantenimiento de cortafuegos, la instalación de reservas de agua y la gestión activa del territorio. También resulta imprescindible dignificar las condiciones laborales de quienes trabajan durante todo el año en la prevención y extinción de incendios, reforzar los seguros agrarios, aprobar un Plan Estatal de Ganadería Extensiva que contribuya al desbroce natural del monte, favorecer un modelo de paisaje en mosaico que reduzca la propagación del fuego y eliminar trabas burocráticas que dificultan el mantenimiento de las superficies forestales. Todo ello requiere una coordinación efectiva entre administraciones y un compromiso presupuestario sostenido, no anuncios puntuales cuando la tragedia ya se ha producido. Siéntense de una vez y hagan su trabajo, que para eso les votamos y les pagamos.
Se requiere una coordinación efectiva entre administraciones y un compromiso presupuestario sostenido, no anuncios puntuales cuando la tragedia ya se ha producido
Cada verano asistimos al mismo drama y con la misma sensación de inevitable resignación. Cientos de miles de hectáreas arrasadas, explotaciones agrícolas y ganaderas destruidas, familias desalojadas, viviendas quemadas, víctimas inocentes y un patrimonio natural que tarda décadas en recuperarse. Sin embargo, el Gobierno continúa afrontando los incendios forestales con la inoperante estrategia centrada en apagar el fuego cuando ya es demasiado tarde, en lugar de evitar que se produzca. Las más de 160.000 hectáreas calcinadas en lo que va de 2026 deberían haber provocado una reacción política inmediata, pero se sigue sin impulsar un auténtico plan nacional de prevención capaz de anticiparse a una amenaza que nos puede alcanzar a cada uno de nosotros en cualquier momento. El cambio climático intensifica los episodios de calor extremo y convierte los montes en un polvorín y, por eso, es vital reforzar la planificación y no limitarse a gestionar las emergencias cuando las llamas ya avanzan sin control. España necesita un acuerdo de todos que trascienda los ciclos electorales, implique a todas las administraciones y se apoye en criterios técnicos y científicos, alejados de demagogos ecologistas, burócratas ignorantes y politiqueos, y que se pregunte y se escuche a los que saben, a los hombres y mujeres del campo. La prevención no puede depender de decisiones improvisadas cada verano. Las soluciones existen y son conocidas. Es necesario destinar una mayor parte de los recursos públicos a la limpieza de montes y parcelas abandonadas, la creación y mantenimiento de cortafuegos, la instalación de reservas de agua y la gestión activa del territorio. También resulta imprescindible dignificar las condiciones laborales de quienes trabajan durante todo el año en la prevención y extinción de incendios, reforzar los seguros agrarios, aprobar un Plan Estatal de Ganadería Extensiva que contribuya al desbroce natural del monte, favorecer un modelo de paisaje en mosaico que reduzca la propagación del fuego y eliminar trabas burocráticas que dificultan el mantenimiento de las superficies forestales. Todo ello requiere una coordinación efectiva entre administraciones y un compromiso presupuestario sostenido, no anuncios puntuales cuando la tragedia ya se ha producido. Siéntense de una vez y hagan su trabajo, que para eso les votamos y les pagamos.
Opinión en La Razón
