Por ley, Ceuta solo puede acoger como máximo a 29 menores extranjeros no acompañados. Tras las llegadas masivas de inmigrantes de la semana pasada, tiene que atender a unos 1.200. Ni siquiera existe un dato oficial preciso. Bastan ambas cifras para calibrar lo insostenible de una situación que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, calificó este jueves en una reunión telemática con el Parlamento Europeo de “emergencia humanitaria de enorme envergadura”. Pese a los esfuerzos tanto de la ciudad autónoma como del Gobierno por ampliar con urgencia su capacidad de acogida, Ceuta solo puede superar este colapso con la solidaridad del resto de España.
El reparto por la Península de los 1.200 menores inmigrantes que colapsan los recursos de la ciudad es una obligación legal y moral
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
El reparto por la Península de los 1.200 menores inmigrantes que colapsan los recursos de la ciudad es una obligación legal y moral
Por ley, Ceuta solo puede acoger como máximo a 29 menores extranjeros no acompañados. Tras las llegadas masivas de inmigrantes de la semana pasada, tiene que atender a unos 1.200. Ni siquiera existe un dato oficial preciso. Bastan ambas cifras para calibrar lo insostenible de una situación que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, calificó este jueves en una reunión telemática con el Parlamento Europeo de “emergencia humanitaria de enorme envergadura”. Pese a los esfuerzos tanto de la ciudad autónoma como del Gobierno por ampliar con urgencia su capacidad de acogida, Ceuta solo puede superar este colapso con la solidaridad del resto de España.
Ceuta lleva casi un año en contingencia migratoria extraordinaria, al igual que Canarias y Melilla, lo que activa legalmente, al estar desbordados sus recursos, el reparto obligatorio de menores entre las demás comunidades. Así lo dispone el real decreto que el Congreso convalidó en abril de 2025, con la oposición del PP y Vox, tras una agria polémica originada por la petición de solidaridad de Canarias, desbordada y bloqueada en ese momento. Si fuera posible, deberían volver con sus familias, como la gran mayoría de los que cruzaron. Pero la complejidad del caso de los menores no lo permite a corto plazo y de forma generalizada. Ese decreto es la herramienta legal por defecto para resolver contingencias como esta y acogerlos en condiciones.
El PP gobierna Ceuta y Melilla, y cogobierna en Canarias, y sin embargo como partido, a nivel nacional, mantiene una frontal oposición al reparto de los menores inmigrantes. Varios de sus ejecutivos regionales lo han llevado a los tribunales y hacen lo posible por boicotearlo, a pesar de las peticiones de solidaridad de sus compañeros de partido. No debería ser necesario preguntarle a un partido que gobierna en casi toda España si está dispuesto a cumplir la ley. Pero sea bienvenido su reconocimiento de que sus comunidades así lo harán, aunque no escatime críticas al Gobierno. Es un avance frente al boicot que sufrió Canarias.
A medida que el extremismo xenófobo ha ido colocando la inmigración en el centro del debate público en Europa, los partidos tradicionales tienen dificultades para cabalgarlo por temor electoral. El caso del PP con Vox resulta paradigmático: han firmado pactos de gobierno en cuatro comunidades (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) que establecen que se opondrán “por todos los medios” a cualquier “reparto de inmigrantes ilegales”. En las tres primeras, los populares han cedido a los ultras las competencias sobre estos niños. El PP enjuagó el trago con la fórmula de que los gobiernos cumplirían “el marco legal vigente”, una obviedad que hoy cobra sentido. En el año que el reparto obligatorio lleva en vigor, más de 1.750 jóvenes han sido derivados sin el menor problema a la Península desde los dos enclaves y Canarias. Es una cifra mínima dentro del fenómeno de la inmigración.
Vox ha convertido a los menores, los inmigrantes más vulnerables, en diana favorita de su discurso racista. Los usó como pretexto para romper hace dos años sus pactos con el PP en seis autonomías. Con la xenofobia habitual, sostiene que la situación es ahora otra. El PP debería hacer entender a su socio la diferencia entre hacer discursos racistas y gestionar la realidad desde las instituciones. Y luego resolver sus contradicciones ante un fenómeno muy complejo cuyas causas no se pueden resolver desde Madrid.
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