El Cinema de la Ópera, en Madrid, estaba abarrotado. Todos querían escuchar a Ortega y Gasset, el filósofo, el diputado de las Cortes constituyentes, el líder de la pequeña Agrupación al Servicio de la República. Era 6 de diciembre de 1931. El nuevo régimen, ese mismo que nació entre algarabía y banderas tricolores, que había prometido la resolución de cualquier problema, no progresaba de forma adecuada. Unos meses atrás, en el artículo «El aldabonazo», Ortega había concluido su pesar por el radicalismo de la República con un profesoral: «¡No es esto, no es esto!». Para diciembre ya se había consumado el error en la construcción de ese sistema que, según decían, venía a resolver la vieja política de la «monarquía de Sagunto», la corrupción, la vagancia y el militarismo. El público conocía que Ortega estaba descontento y preocupado, y quiso escuchar su propuesta en una conferencia anunciada así: «Rectificación de la República». Aquel 6 de diciembre, a pesar de la mala megafonía, explicó que no comprendía cómo era posible que el nuevo régimen, que había sobrevenido sin discordia, hubiera sumido al país en la tristeza en apenas siete meses. Y remataba: «¿Por qué nos han hecho una República triste y agria, o mejor dicho, por qué nos han hecho una vida agria y triste, bajo la joven constelación de una República naciente?».
El historiador Demetrio Castro Alfín ha indagado en la respuesta a esa pregunta en «Triste y agria. Intrahistoria de la Segunda República» (Ediciones Encuentro, 2016). El resultado es un análisis impactante y demoledor de un régimen fallido que, nacido bajo el signo de la esperanza modernizadora, terminó devorado por sus propias contradicciones y un sectarismo excluyente. La tesis de Castro Alfín es valiente: el colapso de 1936 no fue un accidente externo provocado únicamente por un cuartelazo, sino el desenlace de un desastre político cuyos síntomas eran visibles antes de que acabara 1931.
El régimen se construyó «triste y agrio», dice el autor en su libro, por varios motivos, buena parte de ellos retóricos, procedentes de la propagación de la República como otra forma de hacer la revolución. El contraste con la realidad fue lacerante. Para empezar, el país no estaba hundido económica ni socialmente. Había un crecimiento lento y regionalmente desigual. La agricultura española, dice el profesor Castro, no yacía en una «atrofia perpetua», sino que había mejorado en los decenios anteriores a 1931. Otro tanto ocurrió con la producción siderúrgica, la química, maderera o la construcción naval. No obstante, la apropiación socialista de la reforma agraria eclipsó la renovación industrial y evitó que fuera un proyecto nacional. Esto lo convirtió en un campo de batalla, no en un sector productivo en alza, y creó resentimiento y frustración.
Polarización política
A esto se sumó la institucionalización de la polarización política a través de la ley electoral. Demetrio Castro demuestra que dicha legislación se pensó en beneficio de los partidos republicanos. Cuando la prensa monárquica y católica pidió un sistema más proporcional se contestó que eso era «antirrepublicano», y que lo democrático era el sistema mayoritario. Esto provocó la agrupación en bloques antagónicos e irreconciliables, y que la legislación no se viera como un instrumento para todos, sino por el interés de una parte. Esto ya ocurrió con la Ley de Defensa de la República, que suspendió de forma arbitraria libertades y derechos. Por su parte, la ley electoral llevó a las Cortes a diputados que carecían de los modales de los que hubo en la Restauración. De hecho, Fernández Flórez dejó de ser cronista parlamentario para el ABC alegando que él no era «corresponsal de guerra».
Otro factor de esa España republicana «triste y agria», escribe Demetrio Castro, fue la Constitución, cuya arquitectura no estableció bien las relaciones entre el Jefe del Estado y el Gobierno, dio demasiado peso a las Cortes –lo que fue fatal para la jugada que acabó con Alcalá-Zamora en 1936– y, entre otras cosas, estableció un Tribunal de Garantías Constitucionales al que califica de «fiasco predecible».
Tampoco supo sostener lo que había defendido en cuanto a la libertad de expresión. Se suspendió de forma indefinida al «ABC» y «El Debate» tras la quema de iglesias en mayo de 1931; luego se hizo lo propio con la prensa tradicionalista, como «La Gaceta del Norte». También se multaba para provocar el cierre, se ordenó a los gobernadores civiles que persiguieran a la prensa hostil al Gobierno, se estableció la censura previa por un gabinete de prensa central, dirigido por Juan Guixé. El gobierno instauró en la Dirección General de Seguridad un fichero de corresponsales extranjeros para mantener bajo vigilancia a los periodistas internacionales radicados en España. Los informes consignaban la ideología, el estado civil, el comportamiento moral y la situación económica de cada periodista. Se hacía pasar por la compañía de Teléfonos y Telégrafos las crónicas que enviaban a la prensa extranjera para su censura previa. En esta parte, quizá la más divertida del libro, el profesor Castro revela la existencia de redes de escucha telefónica y violación de la correspondencia privada, utilizadas por el gobierno para vigilar a la oposición.
Frenesí carcelario
En ese trato a los opositores, la República tampoco fue un régimen liberal que sembrara la concordia y la lealtad. Hubo, dice el autor, un «frenesí carcelario» que mantuvo en prisión a enemigos políticos sin mandamiento judicial, o incluso tras haber sido puestos en libertad por los jueces. Estas prácticas y leyes de excepción, irónicamente, serían aprovechadas más tarde por la dictadura franquista.
No faltó el enchufismo, que es el virus de la administración. Escribió Pedro Saínz Rodríguez en sus memorias que Julio Camba asistió a la reunión del Gobierno Provisional de la República el 14 de abril de 1931. Allí conoció que habían nombrado como fiscal a Ángel Galarza, que llegó a ser uno de los diputados socialistas más funestos y que amenazó a Calvo Sotelo poco antes de su asesinato. Camba, al saberlo, se enfadó y sentenció: «Esto es una mierda de República y si todo lo que se les ha ocurrido es nombrar a ese imbécil de Galarza para un puesto de responsabilidad, sabe Dios las tonterías que van a hacer y lo que nos espera». Acertó. Demetrio Castro tira del hilo: a pesar de la retórica moralizadora, la nueva élite republicana recurrió al reparto de prebendas, cargos y sinecuras entre sus partidarios, al tiempo que depuraban a los desafectos en la magistratura, la diplomacia y el magisterio.
¿Cómo olvidar la violencia para generar esa España «triste y agria»? La Segunda República fue una fábrica de creación de grupos paramilitares y de milicias, entre los escamots, requetés, socialistas, comunistas, anarquistas y falangistas. Esto hizo que aumentara la tenencia de armas de fuego y de la brutalización de la política, y que se hiciera corriente la violencia. Indudablemente dicha circunstancia estuvo animada por la retórica guerracivilista, y de manera muy irresponsable por parte del PSOE. Demetrio Castro documenta cómo el lenguaje político se cargó de amenazas e invocaciones a la lucha armada, especialmente tras las elecciones de 1933, creando un clima de terror y deslegitimación total del adversario. De ahí, dice el autor, tanta sangre vertida en la primavera de 1936, como preludio de la Guerra Civil. En suma, y como colofón a esta magnífica obra, la República fue «triste y agria» porque se empeñaron en construir una democracia de confrontación y exclusión, en lugar de una de integración, lo que terminó con el nivel superior de la violencia: una guerra entre compatriotas.
El historiador Demetrio Castro disecciona con magisterio las patologías y el sectarismo que dinamitaron la convivencia democrática desde 1931
El Cinema de la Ópera, en Madrid, estaba abarrotado. Todos querían escuchar a Ortega y Gasset, el filósofo, el diputado de las Cortes constituyentes, el líder de la pequeña Agrupación al Servicio de la República. Era 6 de diciembre de 1931. El nuevo régimen, ese mismo que nació entre algarabía y banderas tricolores, que había prometido la resolución de cualquier problema, no progresaba de forma adecuada. Unos meses atrás, en el artículo «El aldabonazo», Ortega había concluido su pesar por el radicalismo de la República con un profesoral: «¡No es esto, no es esto!». Para diciembre ya se había consumado el error en la construcción de ese sistema que, según decían, venía a resolver la vieja política de la «monarquía de Sagunto», la corrupción, la vagancia y el militarismo. El público conocía que Ortega estaba descontento y preocupado, y quiso escuchar su propuesta en una conferencia anunciada así: «Rectificación de la República». Aquel 6 de diciembre, a pesar de la mala megafonía, explicó que no comprendía cómo era posible que el nuevo régimen, que había sobrevenido sin discordia, hubiera sumido al país en la tristeza en apenas siete meses. Y remataba: «¿Por qué nos han hecho una República triste y agria, o mejor dicho, por qué nos han hecho una vida agria y triste, bajo la joven constelación de una República naciente?».
El historiador Demetrio Castro Alfín ha indagado en la respuesta a esa pregunta en «Triste y agria. Intrahistoria de la Segunda República» (Ediciones Encuentro, 2016). El resultado es un análisis impactante y demoledor de un régimen fallido que, nacido bajo el signo de la esperanza modernizadora, terminó devorado por sus propias contradicciones y un sectarismo excluyente. La tesis de Castro Alfín es valiente: el colapso de 1936 no fue un accidente externo provocado únicamente por un cuartelazo, sino el desenlace de un desastre político cuyos síntomas eran visibles antes de que acabara 1931.
El régimen se construyó «triste y agrio», dice el autor en su libro, por varios motivos, buena parte de ellos retóricos, procedentes de la propagación de la República como otra forma de hacer la revolución. El contraste con la realidad fue lacerante. Para empezar, el país no estaba hundido económica ni socialmente. Había un crecimiento lento y regionalmente desigual. La agricultura española, dice el profesor Castro, no yacía en una «atrofia perpetua», sino que había mejorado en los decenios anteriores a 1931. Otro tanto ocurrió con la producción siderúrgica, la química, maderera o la construcción naval. No obstante, la apropiación socialista de la reforma agraria eclipsó la renovación industrial y evitó que fuera un proyecto nacional. Esto lo convirtió en un campo de batalla, no en un sector productivo en alza, y creó resentimiento y frustración.
Polarización política
A esto se sumó la institucionalización de la polarización política a través de la ley electoral. Demetrio Castro demuestra que dicha legislación se pensó en beneficio de los partidos republicanos. Cuando la prensa monárquica y católica pidió un sistema más proporcional se contestó que eso era «antirrepublicano», y que lo democrático era el sistema mayoritario. Esto provocó la agrupación en bloques antagónicos e irreconciliables, y que la legislación no se viera como un instrumento para todos, sino por el interés de una parte. Esto ya ocurrió con la Ley de Defensa de la República, que suspendió de forma arbitraria libertades y derechos. Por su parte, la ley electoral llevó a las Cortes a diputados que carecían de los modales de los que hubo en la Restauración. De hecho, Fernández Flórez dejó de ser cronista parlamentario para el ABC alegando que él no era «corresponsal de guerra».
Otro factor de esa España republicana «triste y agria», escribe Demetrio Castro, fue la Constitución, cuya arquitectura no estableció bien las relaciones entre el Jefe del Estado y el Gobierno, dio demasiado peso a las Cortes –lo que fue fatal para la jugada que acabó con Alcalá-Zamora en 1936– y, entre otras cosas, estableció un Tribunal de Garantías Constitucionales al que califica de «fiasco predecible».
Tampoco supo sostener lo que había defendido en cuanto a la libertad de expresión. Se suspendió de forma indefinida al «ABC» y «El Debate» tras la quema de iglesias en mayo de 1931; luego se hizo lo propio con la prensa tradicionalista, como «La Gaceta del Norte». También se multaba para provocar el cierre, se ordenó a los gobernadores civiles que persiguieran a la prensa hostil al Gobierno, se estableció la censura previa por un gabinete de prensa central, dirigido por Juan Guixé. El gobierno instauró en la Dirección General de Seguridad un fichero de corresponsales extranjeros para mantener bajo vigilancia a los periodistas internacionales radicados en España. Los informes consignaban la ideología, el estado civil, el comportamiento moral y la situación económica de cada periodista. Se hacía pasar por la compañía de Teléfonos y Telégrafos las crónicas que enviaban a la prensa extranjera para su censura previa. En esta parte, quizá la más divertida del libro, el profesor Castro revela la existencia de redes de escucha telefónica y violación de la correspondencia privada, utilizadas por el gobierno para vigilar a la oposición.
Frenesí carcelario
En ese trato a los opositores, la República tampoco fue un régimen liberal que sembrara la concordia y la lealtad. Hubo, dice el autor, un «frenesí carcelario» que mantuvo en prisión a enemigos políticos sin mandamiento judicial, o incluso tras haber sido puestos en libertad por los jueces. Estas prácticas y leyes de excepción, irónicamente, serían aprovechadas más tarde por la dictadura franquista.
No faltó el enchufismo, que es el virus de la administración. Escribió Pedro Saínz Rodríguez en sus memorias que Julio Camba asistió a la reunión del Gobierno Provisional de la República el 14 de abril de 1931. Allí conoció que habían nombrado como fiscal a Ángel Galarza, que llegó a ser uno de los diputados socialistas más funestos y que amenazó a Calvo Sotelo poco antes de su asesinato. Camba, al saberlo, se enfadó y sentenció: «Esto es una mierda de República y si todo lo que se les ha ocurrido es nombrar a ese imbécil de Galarza para un puesto de responsabilidad, sabe Dios las tonterías que van a hacer y lo que nos espera». Acertó. Demetrio Castro tira del hilo: a pesar de la retórica moralizadora, la nueva élite republicana recurrió al reparto de prebendas, cargos y sinecuras entre sus partidarios, al tiempo que depuraban a los desafectos en la magistratura, la diplomacia y el magisterio.
¿Cómo olvidar la violencia para generar esa España «triste y agria»? La Segunda República fue una fábrica de creación de grupos paramilitares y de milicias, entre los escamots, requetés, socialistas, comunistas, anarquistas y falangistas. Esto hizo que aumentara la tenencia de armas de fuego y de la brutalización de la política, y que se hiciera corriente la violencia. Indudablemente dicha circunstancia estuvo animada por la retórica guerracivilista, y de manera muy irresponsable por parte del PSOE. Demetrio Castro documenta cómo el lenguaje político se cargó de amenazas e invocaciones a la lucha armada, especialmente tras las elecciones de 1933, creando un clima de terror y deslegitimación total del adversario. De ahí, dice el autor, tanta sangre vertida en la primavera de 1936, como preludio de la Guerra Civil. En suma, y como colofón a esta magnífica obra, la República fue «triste y agria» porque se empeñaron en construir una democracia de confrontación y exclusión, en lugar de una de integración, lo que terminó con el nivel superior de la violencia: una confrontación entre compatriotas.
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