Las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, que este domingo calificó la situación en Ceuta de “crisis humanitaria absolutamente excepcional”, elevan con acierto el tono del Gobierno para referirse a la situación en la ciudad autónoma. Han pasado 20 días desde el asalto a la frontera española en el que cruzaron irregularmente más de 70.000 personas y cualquier intento de transmitir normalidad y control desde las instituciones choca a diario con una realidad sobre el terreno que sigue siendo penosa para los propios migrantes y para la población ceutí, obligada a volcarse con sus propios recursos en la acogida de miles de refugiados en condiciones de vulnerabilidad extrema y con necesidades desconocidas en una ciudad europea.
La “crisis humanitaria excepcional” requiere movilización de recursos y lealtad institucional para recuperar la normalidad cuanto antes
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La “crisis humanitaria excepcional” requiere movilización de recursos y lealtad institucional para recuperar la normalidad cuanto antes
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Foto grupo de voluntarias en el polideportivoJoaquin Sanchez
Las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, que este domingo calificó la situación en Ceuta de “crisis humanitaria absolutamente excepcional”, elevan con acierto el tono del Gobierno para referirse a la situación en la ciudad autónoma. Han pasado 20 días desde el asalto a la frontera española en el que cruzaron irregularmente más de 70.000 personas y cualquier intento de transmitir normalidad y control desde las instituciones choca a diario con una realidad sobre el terreno que sigue siendo penosa para los propios migrantes y para la población ceutí, obligada a volcarse con sus propios recursos en la acogida de miles de refugiados en condiciones de vulnerabilidad extrema y con necesidades desconocidas en una ciudad europea.
El regreso de la inmensa mayoría de los inmigrantes por su propio pie a Marruecos en las primeras horas tras el asalto transmitió una falsa sensación de que la crisis había sido momentánea. Las estimaciones de cuántos inmigrantes pueden seguir en las calles de Ceuta, no dejan de aumentar desde entonces. El cálculo más reciente es que hay 5.000 inmigrantes en las calles, de los que más de 1.800 son niños, una cifra inasumible de golpe para un territorio minúsculo con 83.000 habitantes. Pero más allá de los números, lo que convierte su presencia en Ceuta en una “crisis humanitaria” es que no tienen a dónde ir. La playa se ha convertido en un campamento improvisado donde la Cruz Roja reparte comida y se acumulan basuras y excrementos. Los polígonos de las afueras alojan a familias enteras con bebés. Los vecinos se organizan para proteger a las niñas migrantes en un polideportivo. Los servicios sanitarios siguen tensionados. El paisaje vital de Ceuta está aún muy lejos de la normalidad.
El goteo de ministros en la ciudad autónoma no es suficiente para transmitir el necesario abrigo institucional. Hacen falta pasos concretos. La ministra de Migraciones, Elma Saiz anunció este lunes que se van a habilitar cuatro nuevos espacios para acoger a 1.500 personas. Las quejas del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que aprecia un abandono institucional, no son consistentes con los problemas que ha puesto su Gobierno a la ubicación de estos centros. Vivas tiene razón en reclamar toda la atención de España y todos los recursos disponibles para Ceuta. Pero la naturaleza urgente de los problemas que enfrentan los ceutíes exige flexibilidad y colaboración institucional, siempre entendiendo que se trata de una crisis temporal. Esa lealtad institucional se tiene que extender a todas las comunidades autónomas en el momento en que se reclame su colaboración. Igualmente, el PP, en su legítima exigencia de explicaciones, debería distinguir la crisis práctica del conflicto de fondo. Marruecos seguirá ahí el día que gobierne la derecha.
Los recursos de acogida solucionan la crisis humanitaria, pero no aportan a la solución a largo plazo, que solo llegará cuando los migrantes abandonen Ceuta y la ciudad pueda recuperar la normalidad en las calles. La tensión ha comenzado a subir entre los mirantes marroquíes, que con toda probabilidad serán devueltos a su país, y los subsaharianos que proceden de países inseguros y que tienen base legal para solicitar asilo en Europa. La única pista de la voluntad del Gobierno en este sentido son las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, cuando afirmó: “Hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos”. Es urgente que empiece a concretar cómo y en qué plazos.
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