Una decisión del Tribunal Supremo ha dejado temporalmente sin derecho al voto a cientos de miles de españoles que habían adquirido la nacionalidad en virtud de la llamada ley de nietos, que permite a los descendientes de exiliados del franquismo optar a la nacionalidad. El alto tribunal lo comunicó el martes, pero hizo públicos sus argumentos ayer. Una restricción del ejercicio de un derecho fundamental de ese calado es inaudita, porque implica suspender los efectos electorales de la inscripción de personas que ya tienen reconocida la ciudadanía española. Y por ello exigía razones y argumentos jurídicos especialmente pulcros y sólidamente sustentados. No ha sido así.
Al suspender el derecho al voto a españoles que se acogieron a la ‘ley de nietos’, el Supremo sacude un derecho básico en democracia
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Al suspender el derecho al voto a españoles que se acogieron a la ‘ley de nietos’, el Supremo sacude un derecho básico en democracia
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Una decisión del Tribunal Supremo ha dejado temporalmente sin derecho al voto a cientos de miles de españoles que habían adquirido la nacionalidad en virtud de la llamada ley de nietos, que permite a los descendientes de exiliados del franquismo optar a la nacionalidad. El alto tribunal lo comunicó el martes, pero hizo públicos sus argumentos ayer. Una restricción del ejercicio de un derecho fundamental de ese calado es inaudita, porque implica suspender los efectos electorales de la inscripción de personas que ya tienen reconocida la ciudadanía española. Y por ello exigía razones y argumentos jurídicos especialmente pulcros y sólidamente sustentados. No ha sido así.
Los autos en los que se fundamenta la decisión, respaldados por cinco de los seis magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y con un voto particular de la magistrada Alicia Millán, carecen de la entidad jurídica exigible cuando está en juego un derecho de esta naturaleza. Los jueces dan alas a las tesis de la extrema derecha y de algunos sectores de la derecha de que en España existe el riesgo de un pucherazo electoral. Lo basan en el aumento del censo de residentes en el extranjero, algo que es una consecuencia lógica de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que concedía durante un plazo de tiempo la posibilidad de obtener la nacionalidad a los descendientes de exiliados.
Los críticos con esta norma cuestionan la instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para interpretar la ley, y que esta estableciese que son exiliados todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin distinguir entre quienes lo hicieron por razones políticas o económicas. Pero en el procedimiento que ha llevado al Supremo a suspender el derecho a voto de españoles no se impugnaba esta instrucción en sí, ni tampoco las concesiones de nacionalidad. Lo que han hecho Vox y Iustitia Europea es una retorcida pirueta jurídica: atacar un acuerdo de la Junta Electoral Central, que se declaró incompetente para intervenir sobre los efectos electorales de estas nacionalizaciones.
Lo que los autos del Tribunal Supremo hacen, en la práctica, es impedir votar a ciudadanos españoles y desproteger los derechos de quienes ya son españoles conforme a la ley. Y lo grave es que esta decisión alienta la idea de que existen en España ciudadanos de primera y de segunda. Lo hace tocando a una cuestión fundamental para la identidad de la España democrática, como es la represión franquista y el exilio republicano. Todo esto, además, no ocurre en el vacío, sino en una sociedad ya tensionada por las ideas de un partido de extrema derecha y parte de la derecha que lleva tiempo agitando sin base un fantasma del pucherazo electoral, con riesgo para las instituciones.
La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, pidió ayer en la inauguración del año judicial respeto institucional y que no se ataque a los jueces desde la política. Pero el respeto debe ganarse, y asumir como propias las tesis de la extrema derecha, como ha hecho el Supremo, no contribuye a ello. Al lanzar alusiones e insinuaciones como que la ley de nietos implica un “peligro fundado, real y serio” para la “objetividad” de las elecciones, o que otorgar el derecho al voto a estas personas puede afectar al “resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral”, los jueces adoptan argumentos sacados del manual trumpista. Ni la derecha política, ni aún menos los magistrados del alto tribunal ,deberían nunca participar de este conspiracionismo que atenta contra lo más sagrado de una democracia: el derecho a voto de sus ciudadanos.
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