Como presidentes de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y en representación de los melillenses y ceutíes, deseamos responder a las afirmaciones de la tribuna España-Marruecos, superar la crisis, publicada en este periódico el 19 de septiembre y firmada por el escritor Tahar Ben Jelloun.
Los presidentes de las ciudades autónomas rechazan que la crisis migratoria se utilice para poner en cuestión la soberanía española de estos territorios
Como presidentes de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y en representación de los melillenses y ceutíes, deseamos responder a las afirmaciones de la tribuna España-Marruecos, superar la crisis, publicada en este periódico el 19 de septiembre y firmada por el escritor Tahar Ben Jelloun.
Respetamos, como no puede ser de otra manera, la libertad de expresión y el derecho de cualquier autor a defender sus opiniones, pero esa libertad no convierte una opinión en un hecho, ni permite presentar como realidad histórica o jurídica lo que no lo es. Menos aún, cuando lo que se pone en cuestión es la integridad territorial de España y la condición de españoles de los ciudadanos de Ceuta y Melilla.
El artículo afirma que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están “situadas en territorio marroquí”, las equipara con el peñón de Gibraltar, las califica de “aberración anacrónica”, sostiene que existe un contencioso entre España y Marruecos que debería resolverse mediante un acuerdo para “devolver Ceuta y Melilla a Marruecos”. Llega incluso a presentar esa posibilidad como un gesto “histórico y realista” y habla de una supuesta “colonización que ya no tiene sentido”.
Son afirmaciones de enorme gravedad que, además, parten de premisas históricas y jurídicas falsas. Ceuta y Melilla no son territorio marroquí, como tampoco territorios pendientes de descolonización. No existe ninguna soberanía marroquí que España deba “devolver” ni una cuestión pendiente que pueda resolverse negociando el futuro de dos ciudades españolas a espaldas de sus ciudadanos.
Nuestro ordenamiento jurídico no admite dudas. Los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, aprobados por las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, establecen expresamente en su artículo primero que ambas ciudades son “parte integrante de la Nación española y dentro de su indisoluble unidad”. Tampoco cabe la comparación con Gibraltar o con el Sáhara Occidental, pues ambos figuran en la relación de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Ceuta y Melilla, no.
La historia es igualmente clara. Melilla se incorporó a la Corona de Castilla en 1497 y forma parte de España desde hace más de cinco siglos. Ceuta, tras su etapa portuguesa, quedó definitivamente vinculada a España en el siglo XVII; el Tratado de Lisboa de 1668 excluyó expresamente a Ceuta de la restitución territorial a Portugal. Por tanto, presentar hoy ambas ciudades como restos de una colonización española sobre Marruecos no se corresponde con su trayectoria histórica ni con su realidad jurídica.
Además, hay algo todavía más importante que cualquier fecha o tratado: los ceutíes y los melillenses somos españoles. Lo somos con la misma dignidad, los mismos derechos y la misma ciudadanía que cualquier otro español. No somos habitantes accidentales de un territorio susceptible de ser objeto de una transacción diplomática, ni tampoco una posesión que España pueda entregar a otro Estado. Somos ciudadanos españoles y europeos que vivimos en dos ciudades españolas.
La publicación de este artículo resulta todavía más grave por el momento en que se produce, cuando Ceuta fue invadida por más de 80.000 personas procedentes de Marruecos los pasados días 30 y 31 de julio. Aquellos acontecimientos desbordaron las capacidades ordinarias de Ceuta, alteraron gravemente la vida de la ciudad y generaron una situación excepcional en materia de seguridad, orden público, atención humanitaria y prestación de servicios.
Durante aquellos días y las semanas posteriores, los ceutíes han visto quebrada su tranquilidad y profundamente alterado su derecho a desarrollar su vida cotidiana con normalidad y seguridad. Una ciudad española y una frontera exterior de España y de la Unión Europea tuvieron que afrontar una crisis de dimensiones desconocidas, con consecuencias que todavía perduran.
Más de cincuenta días después, la ciudad es una olla a presión a punto de explotar.
A ello se añade la tragedia humana. Son 141 las personas fallecidas a ambos lados de la frontera, EL PAÍS publicó esa cifra el pasado 7 de agosto. Son 141 vidas perdidas en el contexto de aquellos acontecimientos, personas que murieron ahogadas o aplastadas tratando de cruzar la frontera.
Aquellas 141 muertes deberían mover a una reflexión muy distinta. Ninguna vida puede convertirse en instrumento de presión política ni en argumento para cuestionar una frontera. Tampoco puede ignorarse a los españoles que vivimos al otro lado de esa frontera y que tenemos derecho a hacerlo en paz, con seguridad y sin que nuestra nacionalidad o la soberanía de nuestra ciudad se presenten periódicamente como una cuestión abierta a negociación.
Resulta particularmente hiriente que el artículo llegue a afirmar que el “drama” de aquellos días puede haber servido para plantear “de manera brutal” una supuesta colonización y, a continuación, defienda la “devolución” de Ceuta y Melilla a Marruecos. Convertir una tragedia de estas dimensiones en antesala argumental para cuestionar la soberanía española sobre ambas ciudades merece, como mínimo, una seria reflexión.
España y Marruecos deben mantener unas relaciones de buena vecindad, cooperación y respeto mutuo, pero la buena vecindad no puede construirse a costa de la integridad territorial de uno de los dos países. El respeto debe ser recíproco. España no cuestiona la integridad territorial de Marruecos y Marruecos debe respetar la integridad territorial de España. Normalizar aspiraciones territoriales o tesis anexionistas sobre Ceuta y Melilla no favorece una relación sana entre dos Estados vecinos.
Como presidentes de estos territorios, no podemos aceptar que nuestros conciudadanos sean presentados ante millones de lectores como habitantes de una colonia pendiente de ser entregada a otro Estado. No somos objeto de negociación, somos sujetos de derechos, ciudadanos españoles y europeos.
Tampoco podemos aceptar que se pretenda convertir nuestra españolidad en una cuestión opinable o pendiente de resolución. Ceuta y Melilla no están esperando a que nadie decida su futuro, sus ciudadanos lo hemos expresado de manera inequívoca: somos españoles, queremos seguir siéndolo y nuestra pertenencia a España no está sometida a negociación alguna.
Por todo ello, solicitamos formalmente al autor del artículo la rectificación de las afirmaciones objetivamente incorrectas contenidas en este sobre la realidad histórica, jurídica y territorial de Ceuta y Melilla, particularmente aquellas que las sitúan en “territorio marroquí”, las presentan como una forma de “colonización” o sostienen la existencia de un supuesto contencioso territorial que deba resolverse mediante su “devolución” a Marruecos.
Se trata de exigir rigor cuando se habla de la integridad territorial de España y de los derechos y la identidad de decenas de miles de ciudadanos españoles. Una reivindicación política puede ser objeto de debate; no puede presentarse como un hecho histórico o jurídico. Ceuta y Melilla son España. Lo son por historia, por Derecho, por nuestro orden constitucional y democrático y por la voluntad libre e inequívoca de sus ciudadanos.
Opinión en EL PAÍS
