La democracia moderna nació cuando se aceptó una idea revolucionaria, que la soberanía no pertenecía a un rey, a un ejército, a una religión o a una élite, sino al conjunto de los ciudadanos, todos libres e iguales. Desde ese momento, la pluralidad dejaba de ser un problema para convertirse en el fundamento mismo de la cultura democrática. Ha costado siglos construir esa cultura democrática, que no descansa únicamente sobre instituciones. Exige también hábitos cotidianos de tolerancia y reconocimiento del otro. Por eso, no se reduce al acto de votar; implica admitir que quien piensa de manera distinta posee la misma legitimidad política que nosotros y que su voz debe estar representada en esa institución que nace con las democracias, el Parlamento, el espacio donde las palabras sustituyeron definitivamente a las armas.
La democracia no elimina los conflictos, los transforma en deliberación y alternancia a través del Parlamento, voz soberana de una ciudadanía plural
La democracia moderna nació cuando se aceptó una idea revolucionaria, que la soberanía no pertenecía a un rey, a un ejército, a una religión o a una élite, sino al conjunto de los ciudadanos, todos libres e iguales. Desde ese momento, la pluralidad dejaba de ser un problema para convertirse en el fundamento mismo de la cultura democrática. Ha costado siglos construir esa cultura democrática, que no descansa únicamente sobre instituciones. Exige también hábitos cotidianos de tolerancia y reconocimiento del otro. Por eso, no se reduce al acto de votar; implica admitir que quien piensa de manera distinta posee la misma legitimidad política que nosotros y que su voz debe estar representada en esa institución que nace con las democracias, el Parlamento, el espacio donde las palabras sustituyeron definitivamente a las armas.
Esta idea tan revolucionaria no ha sido fácil incorporarla a nuestros pensamientos y conductas. La historia de la humanidad está plagada de exterminios de quienes sostenían ideas, religiones o patrias distintas. La democracia descubrió algo mucho más difícil: acatar que las diferencias no debían desaparecer, sino convivir en libertad bajo reglas compartidas. La solución no estaba en eliminar las desavenencias, sino en representarlas, puesto que, al pertenecer la soberanía a todos, nadie podía apropiarse de ella en exclusiva. El Parlamento, en consecuencia, no suprime el conflicto, sino que lo convierte en representación, deliberación y alternancia en el poder. Su tarea es rotunda: recoger la voz de todas las personas que integran una sociedad y dar respuesta a una pregunta decisiva: ¿cómo puede gobernarse una sociedad formada por ciudadanos iguales que discrepan?
Hans Kelsen comprendió que el parlamentarismo sólo tiene sentido cuando ninguna fuerza política se identifica con toda la verdad ni se plantea apropiarse de la soberanía popular. Norberto Bobbio recordó que la democracia consiste, ante todo, en reglas que permiten resolver pacíficamente los conflictos. Hannah Arendt añadió que el pluralismo no constituye una debilidad de la democracia, sino su condición de existencia. La discrepancia no amenaza la libertad; la hace posible. La oposición, por tanto, no es un accidente incómodo del sistema, sino la voz de millones de ciudadanos cuyos intereses e ideas son parte de la misma soberanía popular que sostiene al gobierno. Éste representa a una mayoría; el Parlamento, a toda la ciudadanía. Las mayorías gobiernan y las minorías sostienen la democracia. Si olvidamos esto, hacemos del adversario un enemigo, pero es un representante tan legítimo como el gobierno.
El Parlamento cumple además otra función esencial: limita democráticamente el poder. Ningún gobierno recibe un cheque en blanco por ganar unas elecciones. Gobernar exige explicar, persuadir y someter las decisiones al debate público. El decreto-ley constituye un instrumento constitucional para responder a situaciones excepcionales. Pero cuando la excepción se convierte en costumbre, la democracia arrincona el espacio donde encuentra su mayor legitimidad, el Parlamento. Gobernar no consiste únicamente en decidir; exige también argumentar, sin consignas excluyentes, y acatar siempre el control de quienes representan a la ciudadanía que no comparte nuestras posiciones. Ninguna democracia puede acostumbrarse a gobernar al margen del Parlamento, porque es allí donde las decisiones se enriquecen mediante el contraste de argumentos y el control exigente, aunque sea incómodo, de la oposición.
La experiencia española ofrece una lección especialmente valiosa. La Constitución de 1978 fue posible porque fuerzas políticas enfrentadas durante décadas se aceptaron mutuamente como representantes legítimos de una ciudadanía plural. No desaparecieron las discrepancias. Cambió algo mucho más profundo: la manera de resolverlas. El antiguo enemigo pasó a ser un adversario y el adversario, cuando el interés general lo exigía, pudo convertirse también en interlocutor. Por eso mismo, negociar y pactar no es una debilidad, sino la fortaleza misma de reconocerse capacidad de aportar soluciones con otras perspectivas.
Conviene recordar aquella experiencia en estos tiempos de creciente polarización, no para glorificarla, sino para subrayar que una democracia no se deteriora por albergar enfrentamientos. Al contrario, se debilita cuando dejamos de discutir las ideas y, en su lugar, cuestionamos la legitimidad de quienes las defienden y entonces el adversario vuelve a ser tratado como un enemigo y el pacto se interpreta como una vergonzosa claudicación para unos o una deleznable traición para otros. Igual de dañino si esto ocurre en el seno de los partidos que, al ser constitucionalmente democráticos, no deberían anatemizar al disidente, sino respetar la discrepancia como la expresión de la propia vitalidad de cualquier organización.
Así, en la cultura democrática no solo se defiende con firmeza las propias ideas, también se acepta el mismo derecho de otros a defender las suyas. Ninguna mayoría expresa por sí sola la totalidad del interés general. Las mejores políticas públicas suelen nacer del contraste entre perspectivas diversas e incluso opuestas. Esa es una gran lección de la historia constitucional europea y también de la España democrática. La mayor conquista de una democracia consiste en que nadie necesite abominar del adversario para defender sus propias ideas. Porque la democracia comienza donde termina el enemigo.
Opinión en EL PAÍS
