El Gobierno de España se ha decidido por fin a abordar una de las reclamaciones más antiguas del sector educativo: la reducción de las ratios escolares, es decir, el número de alumnos por docente. Rebajarlas ha sido una reivindicación recurrente en las movilizaciones de los últimos años y en las de este final de curso. España ha mejorado algunos de los indicadores que lastraban el sistema educativo, como el porcentaje de fracaso y abandono escolar, en los que influyen las condiciones sociales. Pero sigue ocupando una posición muy discreta en las pruebas internacionales que miden el resultado del esfuerzo educativo, y eso tiene mucho que ver con la calidad de la enseñanza que reciben.
El Gobierno español aborda por fin la reducción de las ratios escolares, una reivindicación de las protestas de este fin de curso
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
El Gobierno español aborda por fin la reducción de las ratios escolares, una reivindicación de las protestas de este fin de curso
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El Gobierno de España se ha decidido por fin a abordar una de las reclamaciones más antiguas del sector educativo: la reducción de las ratios escolares, es decir, el número de alumnos por docente. Rebajarlas ha sido una reivindicación recurrente en las movilizaciones de los últimos años y en las de este final de curso. España ha mejorado algunos de los indicadores que lastraban el sistema educativo, como el porcentaje de fracaso y abandono escolar, en los que influyen las condiciones sociales. Pero sigue ocupando una posición muy discreta en las pruebas internacionales que miden el resultado del esfuerzo educativo, y eso tiene mucho que ver con la calidad de la enseñanza que reciben.
Hace tiempo que debería haberse aprovechado la caída de la natalidad para bajar el número alumnos por aula. Algunas comunidades ya lo han hecho, pero era precisa una regulación estatal que fijara un mínimo común para garantizar condiciones igualitarias de partida para todos. La reforma se aplicará por medio de una ley en tramitación parlamentaria que reduce de 25 a 22 los estudiantes en la enseñanza Primaria y de 30 a 25 en la ESO, y de un Real Decreto para la Educación Infantil y el Bachillerato. En la etapa de los 0 a los 3 años, la proporción de escolares por educador se reducirá a menos de la mitad. Es la primera mejora de las ratios en esta etapa desde 1991.
La patronal de las guarderías privadas ha acogido la medida con preocupación, por el impacto económico. Cualquier bajada de ratios implica aumentar los recursos profesionales, y eso obliga tanto a los centros públicos como a los concertados y privados. La normativa requerirá un esfuerzo adicional por parte del sector privado, pero socialmente no es admisible, y menos en un servicio público de como este, estructuras de negocio que no sean capaces de sostener los requisitos mínimos de calidad exigidos para todos.
Las administraciones deben avanzar en la gratuidad de la etapa de los 0 a los 3 años, en la que ahora se observan diferencias entre las comunidades autónomas. Para ello es imprescindible aumentar las plazas públicas de Educación Infantil. Por otra parte, tratar igual a quienes son diferentes no conduce a la equidad. Las nuevas ratios mejorarán las condiciones de aprendizaje de todos los alumnos, pero seguirán siendo necesarias medidas de refuerzo en los centros que se hallan en entornos sociales desfavorecidos. Reducir el número de escolares por aula es una condición para atender mejor la diversidad, pero es insuficiente para asegurar una escuela inclusiva allí donde se concentra un mayor porcentaje de alumnos con necesidades especiales.
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