La confianza de los ciudadanos es el pegamento que mantiene a las instituciones y una condición imprescindible para el buen funcionamiento del Estado de derecho, y por eso es preocupante la imagen que traslada la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER sobre la percepción del poder judicial por parte de los españoles. Hay un problema grave cuando el 65% de los ciudadanos opina que en España existe lawfare, un concepto que describe el uso intencionado y orquestado de la justicia para destruir al adversario político. Lo que muestra el sondeo es una desconfianza que no ha dejado de crecer y que, si los propios responsables judiciales pero también los políticos no hacen nada para resolverlo, puede acabar teniendo efectos corrosivos para la democracia.
Los percepción entre los españoles de parcialidad de la justicia exige respuestas creíbles para frenar el deterioro institucional
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
Los percepción entre los españoles de parcialidad de la justicia exige respuestas creíbles para frenar el deterioro institucional
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La confianza de los ciudadanos es el pegamento que mantiene a las instituciones y una condición imprescindible para el buen funcionamiento del Estado de derecho, y por eso es preocupante la imagen que traslada la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER sobre la percepción del poder judicial por parte de los españoles. Hay un problema grave cuando el 65% de los ciudadanos opina que en España existe lawfare, un concepto que describe el uso intencionado y orquestado de la justicia para destruir al adversario político. Lo que muestra el sondeo es una desconfianza que no ha dejado de crecer y que, si los propios responsables judiciales pero también los políticos no hacen nada para resolverlo, puede acabar teniendo efectos corrosivos para la democracia.
Los datos sobre la imagen de la justicia son un toque de atención para los tres poderes del Estado. El 75% de los encuestados piensa que los partidos intentan influir en los jueces; el 68%, que la justicia no trata a todas las personas por igual; el 63%, que algunos jueces toman decisiones guiados por sus ideas políticas; y el 58%, que el poder judicial no vigila ni castiga a los magistrados que hacen mal su trabajo. La brecha es mayúscula entre la percepción negativa que los ciudadanos tienen de los jueces y los principios de independencia e imparcialidad que deben regir su trabajo en democracia.
No se entenderían estas impresiones sin las investigaciones judiciales que salpican a los partidos, ya sean los recientes escándalos que afectan al PSOE o los que arrastra el PP. El electorado progresista ve mayoritariamente motivaciones políticas en la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, en la de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El votante de derechas, por contra, ve indicios sólidos en todos los casos que afectan a los socialistas. Hay un sesgo partidista evidente, que también prevalece en el debate sobre el lawfare. Aunque es una visión compartida por un amplio segmento de los votantes, aparece más acentuada entre los de izquierdas.
Las sospechas de parcialidad no son sino una consecuencia más de la encarnizada polarización. Pero responden a una realidad, y es que algunos magistrados, afortunadamente pocos, han contribuido con sus decisiones a asentar la idea de una guerra judicial o lawfare. Quizá el caso más evidente sea el del juez Juan Carlos Peinado. Su obsesión en las actividades de Begoña Gómez está dando lugar a una instrucción extravagante que ayer reiteró su juzgado, temporalmente al mando de otro juez, al prohibir a la esposa de Sánchez, a quien anteriormente había retirado el pasaporte, viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara, mientras le autorizaba a asistir a la graduación de su hija en Londres. Son arbitrariedades que, a ojos de buena parte de la ciudadanía, causan daño a la justicia, y tampoco ayudan los políticos que se jactan de conocer por adelantado las decisiones judiciales y entonan el pa’lante.
No hay otra respuesta ante estas percepciones que la defensa de la integridad de una institución que, conviene recordarlo, ha actuado con eficacia y contundencia contra la corrupción en los últimos años. Pero restaurar el crédito exige algo más. Es una responsabilidad compartida. Del poder político, que demasiadas veces ha querido resolver las diferencias no en el parlamento sino en los juzgados, y así ha judicializado la política. Y del poder judicial, al que corresponde frenar cualquier sospecha de lawfare con un control más riguroso los excesos de algunos jueces que contaminan la imagen de todos. De lo contrario, persistirán los recelos y la erosión de algo fundamental para toda democracia: la certeza absoluta por parte de la ciudadanía de que los funcionarios actúan de buena fe y de acuerdo con la ley.
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