Una idea ha capturado la política de vivienda de la izquierda: hay que mantenerlo todo congelado.
Una política de izquierdas debe tener como objetivo que haya tantas casas como sea posible para quienes van a vivir en ellas, y primero para quien no tiene una
Una idea ha capturado la política de vivienda de la izquierda: hay que mantenerlo todo congelado.
No vale la pena facilitar la construcción ni revisar regulaciones, trámites y exigencias que anteponen cualquier prioridad a una nueva vivienda: al parecer, importa más tener edificios de cero emisiones, respetar una altura máxima, resolver otra ronda de alegaciones, pedir dos veces el mismo permiso. Además, se argumenta desde el ángulo izquierdo, lo que se construya en mercado libre acabará en las manos equivocadas, no en las que la necesitan. Así que para qué ponerlo fácil.
Quedaría el parque ya construido para resolver el descomunal y agudo problema de quienes, necesitándola, aún no han podido acceder a una vivienda digna. Pero ahí, esta izquierda va incluso más allá: su prioridad es frenar cualquier movimiento. Topes a los precios y prórrogas encadenadas en el alquiler, con la esperanza de que nadie tenga que salir de donde está. Pero entonces entrarán menos: bajará la rotación y habrá menos propietarios dispuestos a someter su vivienda a una cadena perpetua de incertidumbres. Paralizar desahucios para ciertos grupos, estigmatizando así a esos mismos perfiles ante quien se plantea alquilarles su piso. Se consideran incluso prohibiciones de compra para quien no vaya a habitar la vivienda que adquiera, reservándola de facto a quien puede asumir una entrada de 40.000, 60.000, 100.000 euros. La ciudad como foto fija: que nada se mueva. Que no pierda quien ya está, pero que tampoco llegue nadie.
Hay honrosas excepciones que pagan un injusto, elevado peaje cuando se atreven a hablar de “construir” o “densificar”, o cuando advierten de que quizá haya que cuidar la oferta existente si no queremos que desaparezca del todo: entonces sus socios-rivales, dentro o fuera de sus partidos, alzan voz y bloqueo para condicionar toda decisión.
La contradicción se extrema cuando la misma izquierda defiende una política migratoria ambiciosa en su afán de acoger. Cada año, miles de personas llegan a nuestras ciudades a trabajar, estudiar, cuidar, sostener buena parte del crecimiento, el empleo y el bienestar del que (con razón) nos gusta presumir. Pero ¿adónde van a llegar estas nuevas familias, estos nuevos hogares, en condiciones mínimas de dignidad, si todo está congelado?
¿Quién sostiene estas políticas? Las explicaciones más desnudas acusan a los boomers de proteger sus privilegios, el valor de sus viviendas y sus barrios, pero eso no explica por qué hay tanta gente milenial o de la generación Z a favor de la congelación. Así que quizás el mecanismo pase más por la clase y el entorno: amplios sectores medios y acomodados de los centros urbanos no están dispuestos a asumir ni un ápice de dinamismo, ni la más mínima pérdida del valor percibido de su barrio. Ahí se activa el bloqueo, y la izquierda, que depende de estos votantes, responde. Aquí no va la nueva vivienda. Antes que eso va tal o cual necesidad puntual del barrio. O es más importante respetar tal o cual exigencia. O que mis vecinos no cambien, que me gusta el barrio como está, y para eso me sirven el control o las prórrogas de alquiler. O no te gastes tus presupuestos municipales en desarrollar nuevas zonas: primero peatonalízame mi calle. David Mejía lo describió con precisión: “Queremos que la gentrificación se detenga exactamente en nuestro poder adquisitivo”. Una sociedad civil urbana orientada hacia el no. Conservacionismo con disfraz progresista.
Si entendemos el progreso como “más; para cuantos más, mejor; y primero para quien más lo necesita”, el objetivo debería estar claro: que haya tanta vivienda disponible como sea posible, destinada a quien va a vivir en ella, y primero para quien más sufre al no tenerla.
Lo primero es el impulso. El déficit acumulado es tal que necesitamos al mercado y al Estado contribuyendo a la vez (llevamos media década terminando menos de 100.000 casas al año para casi 250.000 hogares creados), pero lo interesante es que el tipo de vivienda que debería pasar por delante de esas prioridades regulatorias y burocráticas, la que no estaría expuesta a ser capturada por unos pocos ni por quienes no van a vivir en ella, tampoco se construye. Ni siquiera donde este último argumento tendría más recorrido. Entre 2021 y 2025, en provincias muy expuestas al apetito foráneo como Alicante, Málaga y Baleares se han creado unos 160.000 hogares. A la vez, los no residentes han adquirido casi 170.000 viviendas. Para ese periodo, estas provincias reportaron al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana algo más de 2.000 calificaciones definitivas de vivienda protegida. Aunque la cifra esté infrarreportada, sigue quedando muy por debajo de la demanda acumulada, especialmente en un contexto en que compite con un volumen enorme de compras a manos de no residentes. De mercado libre, por cierto, se terminaron apenas 66.000. Cualquier gestor, público o privado, con o sin ánimo de lucro, que haya intentado movilizar proyectos da capo se ha topado con el mismo muro: convertir suelo en barrio puede tardar más de una década incluso aunque el suelo sea de titularidad pública, porque cada paso y cada informe puede parar un proyecto, y cualquier otra prioridad parece pesar más que la nueva vivienda. Revisar ese entramado no es una concesión al mercado: es la condición para pasar de las promesas frustradas a las llaves entregadas también en vivienda protegida.
También se puede empujar la vivienda existente hacia ese uso residencial de largo plazo, sobre todo en alquiler, algo que ayudará en el temido mientras tanto (que, por cierto, solo debería ser aliciente, nunca excusa, para empezar a construir cuanto antes). Podemos empezar por un seguro público de alquiler al estilo francés, mucho más ambicioso y decidido que los tímidos intentos en marcha: que mutualice el riesgo de impago en lugar de cargarlo sobre un casero concreto, y que proteja sin señalar a nadie. Y continuar por retirar las trabas al alquiler de larga duración (controles, prórrogas, prohibiciones de desahucio) para que al propietario le compense frente al de temporada o el turístico.
Pero si el impulso nos ayuda con más y para cuantos más mejor, encauzar el mercado contribuirá a asegurar que sea para quien más lo necesita. Es decir: para el uso residencial a largo plazo. Aquí sirven los impuestos. A diferencia de las prohibiciones, permiten ajustar la penalización al tamaño estimado del efecto nocivo, convertirla en recaudación y hacerlo sin paralizar por completo nuestras ciudades. Primero, desincentivemos de forma más decidida el uso esporádico de las viviendas en zonas de alta demanda residencial, como hacen Vancouver o París y como acaba de estrenar Nueva York con sus segundas residencias de lujo. Para ello, experimentemos con formas de detectar el uso esporádico, como el bajo o intermitente consumo eléctrico. Además, gravemos los usos que compiten con el residencial de largo plazo: el alquiler turístico en barrios donde se ha sobrepasado un cierto umbral, por ejemplo. Y también, en determinadas provincias, contemplemos impuestos a la compra de no residentes. Medidas que acotan un mercado, pero sin demolerlo.
Los mimbres de algunas de estas medidas (seguro público, impuesto a las viviendas turísticas, eliminar puntos de veto en nuevos proyectos) ya están en acciones o intenciones de gobiernos progresistas. Pero quedan sistemáticamente eclipsadas, mermadas o directamente bloqueadas por una manera de entender la política de vivienda hecha a medida de las clases medias y acomodadas. Que mira hacia el Eixample y hacia dentro de la M-30. Hipotecada a una base de votantes que no representa realmente a los colectivos que más salen perdiendo con esta política. Que defiende un derecho a que todo se quede como está.
Pero el derecho a quedarse no puede coartar la oportunidad de llegar.
Opinión en EL PAÍS
