Cada vez que se conoce una información embarazosa para la presidenta de la Comunidad de Madrid, la reacción de Isabel Díaz Ayuso suele ser la misma: declararse víctima de una campaña de desprestigio contra ella. El guion se ha repetido de nuevo tras la publicación por este periódico de la operación de compra por una empresa del Gobierno regional de un ático de lujo en una de las zonas más caras de Madrid, un piso de 485 metros cuadrados de los que casi 200 corresponden a una terraza.
La Comunidad de Madrid debe explicar el coste y el uso de un ático de lujo en una de las zonas más caras de la capital, más allá de las confusas declaraciones de la presidenta
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
La Comunidad de Madrid debe explicar el coste y el uso de un ático de lujo en una de las zonas más caras de la capital, más allá de las confusas declaraciones de la presidenta
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Cada vez que se conoce una información embarazosa para la presidenta de la Comunidad de Madrid, la reacción de Isabel Díaz Ayuso suele ser la misma: declararse víctima de una campaña de desprestigio contra ella. El guion se ha repetido de nuevo tras la publicación por este periódico de la operación de compra por una empresa del Gobierno regional de un ático de lujo en una de las zonas más caras de Madrid, un piso de 485 metros cuadrados de los que casi 200 corresponden a una terraza.
En sus declaraciones en rueda de prensa, la presidenta no ha ofrecido muchas más explicaciones que asegurar que el piso se ha adquirido para usarlo con el fin de “hacer reuniones temporalmente”. Ayuso no ha aclarado el coste de una operación que, según los precios medios en la zona, podría ascender a por lo menos 4,5 millones de euros. Ni tampoco ha contestado a las dudas sobre la legalidad de instalar una oficina en una planta de un edificio donde, según la legislación y los expertos consultados, el plan de urbanismo de Madrid solo permite el uso residencial. “No me compete”, ha sido toda su respuesta.
Lo primero que llama la atención en el caso es la falta de transparencia con que ha actuado el Gobierno madrileño. Planifica Madrid, la empresa que gestiona el suelo público y que preside el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, no tenía previsto en sus presupuestos una operación así y tampoco facilitó la menor información pública sobre ella cuando se concretó, el pasado 14 de abril, hace ya tres meses y medio. La opacidad del Gobierno de Ayuso ha sido tal que ahora, para justificar la supuesta necesidad de las instalaciones adquiridas, ha revelado que va a acometer una “reforma integral” en su sede central, la Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol. De esa remodelación que, según ha anticipado la presidenta, afectará de inmediato a una planta entera del edificio, tampoco se tenía la menor noticia hasta ahora. En el aire queda la pregunta de cuándo pensaba el Gobierno regional anunciar esas obras que, al parecer, van a alterar de forma notable la actividad en sus oficinas centrales, y que en estos momentos no se conocerían si este periódico no hubiese revelado la adquisición del ático.
La explicación de que el objetivo de la compra sería disponer de un lugar para celebrar reuniones institucionales requiere más explicaciones para resultar convincente. La misma empresa pública —y el conjunto de las consejerías madrileñas— dispone de edificios propios en la capital que podrían usarse sin coste adicional para el presupuesto público. Si aun así fuese necesario buscar un inmueble nuevo para una ocupación temporal mientras se completan las obras en la Puerta del Sol, resultaría más lógico un alquiler que una adquisición tan costosa. Y, por último, un ático con una inmensa terraza no parece el lugar más adecuado para acoger instalaciones de gobierno, al margen de su muy dudoso encaje en la normativa urbanística.
No cabe exigir otra cosa que información detallada sobre el coste exacto de la compra y sobre el uso que se le pretende dar, más allá de las confusas declaraciones la presidenta. Cuando, además, la naturaleza del asunto toca un nervio muy sensible de la opinión pública, que ha situado la carestía de la vivienda a la cabeza de las preocupaciones ciudadanas.
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