El pacto anunciado el lunes entre el Partido Popular y Vox para coordinar sus candidaturas al Senado para obtener una mayoría reforzada de la Cámara alta certifica el inicio de una nueva etapa en la política española. El acuerdo se presenta como una reacción a la coalición formada por el PSOE y el Frente Amplio con el fin de no restarse votantes en algunas provincias disputadas y maximizar así los resultados de la izquierda. Hasta aquí, ambos son acuerdos legítimos y transparentes, y hay que saludar que las cartas estén sobre la mesa antes de acudir a las urnas y los votantes sepan a quién van a votar con todas sus consecuencias.
El pacto para coordinar las candidaturas al Senado ratifica que España ha entrado en una época de dos bloques enfrentados
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional
El pacto para coordinar las candidaturas al Senado ratifica que España ha entrado en una época de dos bloques enfrentados
El pacto anunciado el lunes entre el Partido Popular y Vox para coordinar sus candidaturas al Senado para obtener una mayoría reforzada de la Cámara alta certifica el inicio de una nueva etapa en la política española. El acuerdo se presenta como una reacción a la coalición formada por el PSOE y el Frente Amplio con el fin de no restarse votantes en algunas provincias disputadas y maximizar así los resultados de la izquierda. Hasta aquí, ambos son acuerdos legítimos y transparentes, y hay que saludar que las cartas estén sobre la mesa antes de acudir a las urnas y los votantes sepan a quién van a votar con todas sus consecuencias.
Por primera vez, el PP renuncia a presentar candidatos al Senado por Girona, Tarragona y Gipuzkoa y pide a sus votantes de esas tres provincias que voten a los candidatos de Vox. La simbiosis con Vox en una coalición, aunque no sea formal y solo para el Senado, es un momento de especial trascendencia en la historia del Partido Popular. Lo que en un principio se justificó como unos pactos de necesidad para gobernar en algunas comunidades autónomas, con una separación aséptica de consejerías, ha derivado en una asimilación por parte de la derecha tradicional de eslóganes de la extrema derecha como la “prioridad nacional”. Ahora se intenta normalizar el tándem electoral de una manera inédita en Europa. Pero Vox no es un partido normal, porque no participa de consensos constitucionales básicos en materia de derechos civiles y políticos o en el diseño territorial del Estado.
El PP justifica el acuerdo con el argumento de que así impide que una alianza estratégica entre el PSOE y la izquierda permita al bloque progresista ganar escaños en el Senado incluso en unas elecciones en las que, según las encuestas, PP y Vox parten con ventaja para lograr mayoría en las dos Cámaras. Más aún, las derechas se proponen lograr una mayoría de tres quintos, que les permitiría nombrar a ellos solos, y sin consenso transversal, a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que el PP en el Senado tiene bloqueados sin renovar desde diciembre. Es difícil, pero no imposible.
De pronto, una institución como el Senado, que ha permanecido difuminada en nuestra arquitectura constitucional, se instala en el centro de la campaña por una de las atribuciones relevantes que tiene. La composición del Tribunal Constitucional se convierte en una palanca electoral, algo inédito en España y que no puede desligarse de las tendencias en países como Estados Unidos. Allí se ha visto que una minoría bien organizada para tomar de forma estratégica el control del árbitro constitucional puede acabar imponiendo a la sociedad regresiones en derechos, como eliminar la protección al aborto en contra de una mayoría social. Hay en esta estrategia un esfuerzo para que los ciudadanos voten buscando un árbitro constitucional de su cuerda.
Por todo ello, estos acuerdos van más allá de un arreglo táctico para el 29-N, y reflejan un cambio de fondo en la política de este país: España ha entrado en una época de dos bloques enfrentados. No es lo que preveían los constituyentes cuando establecieron mayorías reforzadas para los nombramientos en los órganos constitucionales. La exigencia de una mayoría de tres quintos buscaba el consenso, no la imposición, y lo que se está proponiendo ahora es la negación de la mera posibilidad de pacto. Es legítimo, y es bueno saberlo en vísperas del inicio de la campaña, pero también es implica admitir que se ha clausurado de antemano la opción de construir mayorías más transversales más allá de las fracturas ideológicas.
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