La sostenibilidad de las pensiones ha recibido por segundo año consecutivo el aprobado de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), pero el diagnóstico va acompañado de una advertencia sobre la viabilidad del sistema y la necesidad de una reforma. Es un aviso que la institución ya hizo el año pasado, y que merece una respuesta del Gobierno.
Las advertencias de la Airef sobre el futuro de la Seguridad Social merecen una respuesta del Gobierno
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Las advertencias de la Airef sobre el futuro de la Seguridad Social merecen una respuesta del Gobierno
La sostenibilidad de las pensiones ha recibido por segundo año consecutivo el aprobado de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), pero el diagnóstico va acompañado de una advertencia sobre la viabilidad del sistema y la necesidad de una reforma. Es un aviso que la institución ya hizo el año pasado, y que merece una respuesta del Gobierno.
El informe considera que el gasto neto medio en pensiones previsto para el periodo 2022-2050 se situará en el 13% del PIB, dos décimas por debajo del cálculo de 2025. Se cumple así la denominada regla de gasto, que establece que, si ese nivel superase el 13,3% del PIB, el Gobierno estaría obligado a adoptar ajustes, bien en forma de más ingresos, o de recortes en las prestaciones. La mejora respecto al año pasado se deriva del nuevo modelo de cotización de los autónomos, que ha engrosado la caja de la Seguridad Social. Otras medidas, como el incremento del salario mínimo, apenas han tenido incidencia. El organismo independiente constata, en todo caso, el cumplimiento formal de la regla. Pero insiste en que eso no garantiza la sostenibilidad ni del modelo ni del conjunto de las finanzas públicas. La prueba es que, sin cambios en las políticas, cumplir esa regla de gasto no impedirá que la deuda pública ascienda al 123% del PIB en 2050 —desde el 100,7% en 2025— ni que el déficit alcance en ese momento el 6,6% del PIB, ambos niveles incompatibles con las normas comunitarias. Los cambios demográficos anticipan un notable envejecimiento de la población, que no solo implica un mayor gasto en jubilaciones, sino más fondos para la sanidad y los cuidados.
La Airef señala en su estudio que el aumento del gasto en pensiones requerirá un incremento de las transferencias por la vía de los Presupuestos Generales del Estado, recursos que será inevitable detraer de otras políticas y que coinciden en el tiempo con un mayor gasto en defensa. El Gobierno, en otro informe publicado esta misma semana, defiende la estabilidad del modelo confiando en que cada vez trabajen más personas entre los 65 y los 74 años y en una mayor participación femenina en el mercado laboral.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya avisó a España el año pasado de que el gasto relacionado con el envejecimiento de la población iba a ejercer una presión creciente sobre las finanzas públicas y a dejar la deuda soberana expuesta a crisis externas. Son demasiados mensajes apuntando en la misma dirección.
El sistema de pensiones es uno de los logros del Estado de bienestar que más valora la ciudadanía. Su defensa no pasa por fijar unas reglas laxas y parciales, sino por adoptar las medidas necesarias para adecuarlo a la realidad demográfica, económica y fiscal. Es la vía para asegurar y mejorar un pilar irrenunciable del modelo social español, y europeo.
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